Las tierras de Tola continúan siendo motivo de contiendas entre cooperados e inversionistas. / LA PRENSA/ ARCHIVO
Juez se “voló las trancas en Tola”
Propiedades embargadas a Arenas Bay no pertenecen a dicha empresa, sino a extranjeros ajenos a la misma
Armel González declara que no tiene nada en Tola y que juez se extralimitó en sus funciones
Eduardo Cruz Sánchez
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En el embargo en contra de Arenas Bay, realizado el viernes pasado, hubo una falla a la hora de apuntar en el objetivo, pues las propiedades embargadas no pertenecen a dicha empresa.

El empresario Armel González explicó que los verdaderos afectados trataron de explicar el hecho a la juez Local de Tola, Astrid Fonseca, pero ella no entendió de razones.

LA PRENSA consultó con la juez Fonseca, pero en un primer momento ella dijo que estaba fuera del juzgado y necesitaba ver el expediente. Luego se metió a un juicio y ya no contestó más su teléfono celular.

Gail Geerling, socia de Arenas Bay, dijo que hoy martes por la tarde realizarán una conferencia de prensa para esclarecer los hechos.

“Acabo de llegar al país y mis abogados me han contado lo que ha ocurrido desde el viernes. Será hasta mañana (hoy) que pueda hablar sobre el caso”, dijo Geerling.

SE EXTRALIMITÓ

Armel González dijo que no fue afectado con el embargo, pues él está trabajando fuera del país, y que vino a Nicaragua sólo a pasar su cumpleaños con sus hijos, pero este nuevo problema le deja claro que no hay justicia en el país.

Reveló que las propiedades embargadas pertenecen a personas extranjeras de Inglaterra y Estados Unidos, y unas maquinarias pertenecen a una empresa privada.

“Una juez local puede hacer un embargo de entre 20 mil a 25 mil córdobas, pero ella lo hizo por seis millones de córdobas”, dijo González, quien calificó el hecho como un abuso de autoridad.

Diez socios de la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro, en Tola, fueron quienes solicitaron el embargo en contra de Arenas Bay, luego que fueron absueltos en dos juicios que dicha empresa emprendió en contra de ellos.

A partir de ayer lunes, Pedro José Guillén Rocha es el interventor de Arenas Bay y tiene como misión recaudar los seis millones de córdobas que reclaman los demandantes, en concepto de gastos en que ellos incurrieron durante los dos juicios.

La juez Fonseca, al igual que en el caso Esso, no dejó como interventores a los dueños de las propiedades, sino a terceras personas.

La abogada Yadira Córdoba, representante de Gail Geerling, ya está tomando cartas en el asunto y hoy por la tarde brindará una conferencia de prensa en las oficinas de Arenas Bay.

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