Sin duda que las personas partidarias de que se mantenga la excepción del aborto terapéutico en el nuevo Código Penal, tienen derecho de expresar sus puntos de vista y plantear su demanda, siempre y cuando lo hagan en las formas establecidas en la Constitución y la Ley. El hecho de que representen una minoría en la sociedad nicaragüense, como lo indican las encuestas sobre el tema, no les quita a esas personas su derecho a expresarse y manifestarse en público. Uno de los principios básicos de la democracia es precisamente el reconocimiento a los derechos de las minorías, de cualquier tipo que sean.

La Constitución Política de la República señala al respecto, en su artículo 30, que: “Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio”. Por otra parte, el artículo 52 de la Constitución garantiza el derecho de todos los ciudadanos “de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca”. Finalmente, en el artículo 53 de la misma Constitución: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”; mientras que el artículo 54 “reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”.

De manera que, independientemente de que las personas que participaron en la protesta contra la derogación del aborto terapéutico, el domingo recién pasado en la mañana, hubieran obtenido o no el permiso de la autoridad correspondiente, mientras se mantuvieran en las afueras de la Catedral su demostración se podía considerar como una reunión pacífica, que por lo tanto no requería de autorización previa. Lo reprochable e inaceptable desde todo punto de vista legal y moral, es que los protestantes contra la prohibición penal del aborto terapéutico irrumpieran en el interior de la Catedral, con el pretexto de que querían comulgar, pero obviamente con el propósito de interrumpir el oficio sagrado que se estaba celebrando allí, y por lo tanto con la intención de profanarlo. Y lo más grave es que lo hicieron en el momento de la eucaristía, que para los católicos es el acto más sagrado de todos los ritos y creencias de esta Iglesia que es sin duda la mayoritaria en el país. Y aunque no lo fuera. Los oficios religiosos merecen el respeto de todas las personas, inclusive de las no creyentes o que profesan otra fe, ya sea religiosa o de cualquier otra expresión ideológica.

Pero no sólo por razones propiamente religiosas, los templos y las celebraciones de cultos sagrados tienen que ser respetados aún por las personas que no creen o que tienen otras preferencias de fe. La Constitución consagra y protege el derecho a la libertad de opinión y de expresión, pero también “el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni ser obligado a declarar su credo, ideología o creencias”, tal como se dice literalmente el artículo 29 de la Constitución. Y se vio muy claro que la protesta de las personas partidarias del aborto terapéutico, en la misa del domingo pasado en la Catedral de Managua y exactamente en el momento de la eucaristía, fue una agresión contra la fe y el derecho de los feligreses que asistían a ese oficio religioso, un atropello a la libertad de religión y la profanación de un templo sagrado.

La condición indispensable de la convivencia pacífica es el respeto al derecho ajeno. Esto significa que los derechos y las libertades de cada quien terminan donde comienzan los derechos y las libertades de los demás. Quienes protagonizaron ese atropello a la Iglesia católica y profanaron el más importante templo del catolicismo nicaragüense, como es la Catedral de Managua, por lo menos deberían ofrecer una disculpa pública por su acción injustificable. Y abstenerse de seguir andando por ese camino de irrespeto extremo que a ellos mismos los conduce al mayor desprestigio social.