El informe de ejecución presupuestaria del primer semestre del 2007 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) refleja una alarmante subejecución de los proyectos de inversión de las instituciones públicas. El informe señala que una de las causas "son los atrasos en los procesos de licitación de obras y compras, específicamente relacionados con licitaciones desiertas y trámites engorrosos exigidos por la Ley de Contrataciones del Estado".

Sin embargo, las causas que se aducen en ese informe no logran llegar al núcleo de los problemas que se dan en el ámbito de las contrataciones, pues el problema no es solamente del marco legal sino de factores relacionados al actuar de la Administración Pública.

Primeramente existe carencia de capacidad técnica de los funcionarios públicos que realizan los procedimientos administrativos, sumado a que algunas unidades de adquisiciones en las diversas instituciones del Estado tienen poco personal.

Por ejemplo, el informe del MHCP señala que en el caso del Ministerio de Transporte e Infraestructura se han declarado licitaciones desiertas en la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Granada-empalme Guanacaste "por una mala estimación de los costos de proyectos". Asimismo, en el mejoramiento de la calle de acceso a Ciudad Sandino-Zona Franca, "el proyecto fue incorporado sin tener el diseño de la obra". Esto evidencia la falta de capacidad de las instituciones para el diseño de obras públicas y no un problema de la Ley de Contrataciones.

Otro de los problemas que visualizo es la falta de cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones, referidos a los tiempos de presentación y evaluación de las ofertas, adjudicación y los retrasos de organismos internacionales, para dar su visto bueno a las adjudicaciones cuando estas se realizan con fondos provenientes del exterior.

Además, en las instituciones del sector público algunos problemas se asocian a una mala programación de las contrataciones y deficiencias en la estimación de los montos de las mismas. También se ha detectado que tanto oferentes nacionales como extranjeros no conocen en su totalidad la Ley de Contrataciones, lo que ocasiona incumplimiento de requisitos como la presentación de garantías. Esto demuestra nuevamente que el menor de los problemas es la Ley de Contrataciones en sí.

El citado informe también señala que en el caso del Ministerio de Salud queda demostrado que no realiza una buena planificación de recursos financieros ni de tiempo, puesto que "han realizado proyecciones de gastos demasiado optimistas y no han considerado el tiempo que demanda el proceso de adjudicación del contrato".

Según el informe, "se está haciendo uso de la licitación desierta contemplada en la Ley de Contrataciones, lo que ha ocasionado atraso en la ejecución de los proyectos de las distintas instituciones públicas". El uso de la licitación desierta puede estar justificado, puesto que el interés final del procedimiento debe ser que la adjudicación de determinado bien, servicio u obra se ajuste a los criterios como precio, calidad y tiempo, y a principios de las contrataciones administrativas como eficiencia, eficacia y transparencia. Si estos criterios y principios no se logran cumplir, se debe iniciar nuevamente el procedimiento.

La solución a estos problemas no puede ser excluir todo el procedimiento como proponen algunas instituciones públicas ante la Contraloría General de la República, so pretexto de que es un proceso "muy engorroso" cuando hay otras debilidades relacionadas a deficiencias administrativas. En las contrataciones, la exclusión sólo debe ser la excepción y no la regla, puesto que omitir el procedimiento puede generar el abuso de la discrecionalidad administrativa y fomentar la no rendición de cuentas.

Estas causas deben ser valoradas, ya que dejan de relieve más que las debilidades de la Ley de Contrataciones, las serias deficiencias y carencias que tiene la administración pública para realizar los procedimientos de compras. Situación preocupante, dado que es una de las actividades principales del Estado que le permite satisfacer las necesidades de la sociedad. En este sentido, urge reforzar las capacidades de la administración y hacer énfasis en aspectos como la transparencia, para enfrentar a como indica la ley la actividad de contrataciones y así evitar la subejecución de recursos vitales para el mejoramiento de la calidad de vida de los nicaragüenses.