El Presidente de Nicaragua, Daniel Or-tega, ha lanzado una peligrosa ofensiva contra un elemento básico de la organización del Estado, sin el cual es prácticamente imposible que exista la democracia. Nos referimos a la separación de poderes y al respeto, por parte del Ejecutivo, de las decisiones que tome el Poder Legislativo.
La pasada semana, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), que constituyen mayoría en la Asamblea Nacional, aprobaron una disposición que declara ilegal el funcionamiento de los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como estructuras estatales. Razón de sobra tuvieron. Porque lo que Ortega pretende con esa iniciativa es constituir una estructura de poder local directamente controlada desde la Presidencia, que compita y hasta imponga decisiones a los gobiernos municipales y otras instancias estatales.
Al constituirse en extensiones de su poder, compuestos por fieles partidarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y financiados con fondos públicos, los CPC reforzarían peligrosamente la voluntad centralista y autoritaria de Ortega. Por esto, y por lo funestos que fueron, durante su primer gobierno, los Comités de Defensa Sandinistas, los tres principales partidos opositores depusieron sus diferencias, concertaron una alianza legislativa y dispusieron la ilegalidad de los Consejos. Esto no impide, sin embargo, que puedan actuar como órganos del FSLN, lo cual los obligaría a estar fuera de la estructura estatal y a no tener financiamiento público.
Si Ortega y sus aliados fueran respetuosos de la democracia, ni siquiera habrían pensado en los CPC. Al impulsarlos, dieron un pésimo mensaje. Pero lo verdaderamente grave es que, ante la decisión de la Asamblea Nacional, su presidente, el sandinista René Núñez, se ha negado a publicar la ley que declara ilegales a los Consejos. Para justificar su actitud, se ha valido del fallo de un tribunal controlado por el FSLN, que actuó con claro criterio partidista. Esto hace aún más preocupante el caso, porque estamos, además, ante una clara manipulación política de las instancias judiciales.
En medio de esta violación flagrante de los mecanismos institucionales, el PLC, la ALN y el MRS decidieron romper el quórum, mientras Ortega, en lugar de plegarse a lo que manda la Constitución y de respetar la división de poderes, ahora amenaza con gobernar “por decretos”. Es decir, ha optado por un curso de colisión que podría deteriorar aún más el ya de por sí maltrecho clima político nicaragüense.
En medio de esta grave situación, la única faceta con matices positivos ha sido la decisión opositora de conformar un bloque legislativo para oponerse a la arbitrariedad presidencial. Se trata de una alianza, por ahora, coyuntural. Sin embargo, también existen indicios de que, con vistas a las elecciones locales del próximo año, esos tres partidos podrían coordinar sus candidaturas para alcaldes en las principales municipalidades del país, con lo cual los sandinistas podrían salir muy mal librados del proceso.
Todo esto, sin duda, limita las posibilidades de arbitrariedad de Ortega, pero, a la vez, estimula sus esfuerzos por actuar al margen de las instituciones. Hasta dónde estará dispuesto a llegar es una incógnita, lo mismo que el grado de cohesión que podrá mantener la oposición. Pero, por lo pronto, su burda maniobra ha topado con un sólido bloque, lo cual indica que hay razones para mantener esperanzas sobre la vigencia de la democracia en Nicaragua.
