Un grupo de mujeres se presentó ayer a la delegación del Ministerio Público en el Distrito Seis, a fin de respaldar a una de las dos integrantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia citadas a sostener una entrevista con la fiscal Mirna Siles, denunciadas por incurrir en supuestos hechos delictivos en el caso de Rosita.
Las nueve integrantes de la Red de Mujeres que fueron denunciadas por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), son: Ana María Pizarro, Juana Jiménez Martínez, Lorna Norori Gutiérrez, Luisa Molina Argüello, Martha María Blandón Gadea, Martha Munguía Alvarado, Mayra Sirias, Jamileth Mejía Palma, y Violeta Delgado, integrantes de la Red y otros movimientos.
Las mujeres fueron acusadas de supuesto encubrimiento del delito de violación contra la niña Rosita, instigación y asociación para delinquir y apología del delito de aborto.
Juana Jiménez, acompañada de Wendy Flores, funcionaria del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y Karla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), aclaró que no se niegan a ser entrevistadas en la Fiscalía.
“No tenemos nada que esconder en esta investigación”, dijo Jiménez, quien insistió en que se trata de una pasada de cuentas por defender los derechos de las mujeres.
Wendy Flores manifestó que las demás mujeres también presentaron un escrito ante la Fiscalía, a través del cual exponen que mientras no conozcan a fondo la denuncia no declararán.
Además solicitaron una copia de la denuncia en su contra, a lo cual Siles les respondió que evaluarán la posibilidad de entregarles una.
Flores dijo que hay evidentes sospechas de que tras esta denuncia hay orden del Estado para atemorizar al movimiento de mujeres.
La denuncia fue introducida el pasado 31 de octubre ante el Ministerio Público por Roberto Petray, director ejecutivo de la ANPDH, quien aseguró que presentaron los documentos necesarios sobre este caso.
“Le toca al Estado, que es el competente para ello, investigar y ver jurídicamente si lo que nosotros expusimos tiene asidero legal”, dijo Petray momentos antes de viajar a Nueva York, Estados Unidos, donde presentará un informe a los donantes de ese organismo sobre la situación en Nicaragua.
“Si ellas dicen que no hay asidero legal porque fue en 2003; nosotros estamos argumentando hechos nuevos. Cuando metieron preso al padrastro (de Rosita), quien dice que sí fue él quien violó a la niña en el 2003 y que ahora la volvió a embarazar. Esos hechos nuevos es la contundencia que nos da a nosotros para la denuncia”, manifestó Petray.
“¿Creen que esto ha sido legal cuando ha habido dos violaciones del mismo padrastro que dio el visto bueno para que abortara esa niña?”, preguntó Petray.
