Bolivia, sumida en una creciente polarización política, se prepara para nuevos enfrentamientos a partir del lunes próximo, cuando las regiones contrarias al presidente Evo Morales realicen huelgas de hambre contra su Gobierno.
En un intento por bajar la tensión, Morales hizo un llamamiento al diálogo, pero su emplazamiento fue rechazado horas más tarde por líderes opositores.
“No se puede pedir matrimonio si antes se ha violado”, dijo a la prensa el líder del principal partido de oposición de derecha Podemos, el ex presidente Jorge Quiroga, en Santa Cruz (este), bastión de la oposición a Morales.
Quiroga sólo aceptó una eventual mesa de negociación en caso de que esta sea mediada por la Iglesia Católica.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, también rechazó el llamado de Morales.
El líder de Podemos advirtió además sobre un eventual quiebre en el Gobierno. “Al señor Morales le queremos decir que o termina con los ataques a la democracia o su Gobierno se va a terminar”, señaló.
Horas antes en La Paz, un Morales más conciliador había convocado a los gobernadores opositores y a los empresarios a discutir planes de desarrollo en sus regiones como un paso para superar la crisis política.
EL LLAMADO
“Hemos convocado a los prefectos (gobernadores) y al sector productivo empresarial para que de manera conjunta podamos intercambiar políticas y de esta manera aportar para una revolución social”, afirmó.
El miércoles tanto el Gobierno de Morales como la oposición levantaron el tono y redoblaron la apuesta para afirmar su liderazgo, tras los paros que se realizaron en seis de los nueve departamentos bolivianos.
Dirigentes de Santa Cruz trabajaron este jueves en un estatuto autonómico que será presentado en caso de que la Asamblea no consagre en la nueva Carta Magna la figura de la autonomía.
Del lado oficialista, Morales promulgó una ley que era resistida por las regiones por cuanto le retiraba parte de sus ingresos. De hecho esa ley era uno de los motivos de la protesta del miércoles.
Más tarde Morales aprobó una expropiación de 180,000 hectáreas en el sureño departamento de Chuquisaca, en el marco de una ley de tierras que también ha sido resistida por latifundistas de las regiones.
Además, la mayoría oficialista en el Congreso —que alcanzó el quórum apelando a tres congresistas suplentes de la oposición— aprobó también que la Asamblea Constituyente, denostada por la oposición, pueda sesionar en cualquier punto del país.
