El presidente Daniel Ortega instalará y juramentará al llamado Gabinete Nacional de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) el próximo viernes sin ningún impedimento legal, debido a que una sesión especial prevista para el jueves en el parlamento quedó descartada.
Un bloque de 52 diputados no logró que el presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, convocara a junta directiva para sesionar el jueves.
De esa manera, queda congelada la votación de una resolución que obligaría a publicar un rechazo al veto presidencial que defiende a los CPC como estructuras del Poder Ejecutivo.
Ortega podrá instalar el Gabinete Nacional de los CPC el viernes, Núñez convocará a directiva hasta el próximo lunes, y son las resoluciones del Tribunal de Apelaciones de Managua y otro de Matagalpa que favorecen a los CPC, las que finalmente se impusieron sobre la decisión del Poder Legislativo.
El diputado liberal José Pallais insistió en que el Poder Judicial invadió las facultades del parlamento y acusó a Ortega de pretender instaurar una monarquía dictatorial, por decir que gobernará por decretos si es necesario.
“Nuestra democracia no está funcionando, las instituciones no tienen ninguna garantía y aquí lo que estamos viviendo es una burla de Estado, una burla de República, están aflorando debilidades institucionales que creíamos superadas”, advirtió Pallais.
Por su parte, el jefe de bancada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, aseguró que Ortega está dispuesto a instaurar “una dictadura institucional”.
Los diputados que dicen oponerse a los CPC estudiaban ayer la posibilidad de autoconvocarse antes del viernes, pero el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del parlamento indica que tal acción podría efectuarse hasta dentro de 15 días.
Ayer, los diputados liberales y disidentes sandinistas reiteraron que la instalación del Gabinete Nacional de los CPC será ilegal, pero sus alegatos ahora descansan únicamente en la retórica.
BATERÍAS EN CONTRA DEL PODER JUDICIAL
El tercer secretario del parlamento, el conservador Javier Vallejo, reconoció que la insistencia de Ortega para que el caso de los CPC se resuelva en el Poder Judicial es porque en esa área tiene un mayor control.
Vallejo no descartó que el ex mandatario Arnoldo Alemán esté involucrado en la estrategia.
“El Frente Sandinista y Arnoldo Alemán, probablemente, como no pueden manejarlo aquí en la Asamblea Nacional, entonces se lo llevan a una arena, a un escenario donde sí pueden manejar las cosas y allí te podés encontrar personajes como el honorable vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia , Rafael Solís, hablando en términos de cuántas salas tiene cada quién”, dijo Vallejo.
LOS TRIBUNALES TUYOS Y LOS MÍOS
Solís indicó que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene bajo su control siete Tribunales de Apelaciones y los liberales apenas dos.
Para el diputado Wilfredo Navarro, la declaración de Solís parece una “narración de beisbol”.
“Esto no es cuestión del Poder Judicial, estas son soluciones políticas, porque como se han planteado las cosas, el que más perjudicado ha salido en esto es el Poder Judicial, porque escuchamos a magistrados decir, como si narran un partido de beisbol, que ganan cinco a dos en las cortes, me parece que es una falta de respeto”, sostuvo Navarro.
Pallais, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del parlamento, criticó al Poder Judicial por su sesgo partidario.
“El Poder Judicial ha demostrado en este caso una actuación totalmente parcializada, politizada, que denota la situación lamentable en que se encuentra. Estoy criticando al Poder Judicial en su conjunto y las actuaciones del Poder Judicial, en este caso atribuyéndose funciones que no tiene y paralizando la función primordial de la Asamblea Nacional, que es legislar, es totalmente contrario al Estado de Derecho”, indicó Pallais.
El diputado Pallais pertenece al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que es dominado por el ex mandatario Alemán, y que tiene ocho de 16 magistrados judiciales.
SIN MÁS ARMAS LEGALES
Los diputados demandaron una vez más a Núñez que publique la Ley 290, de Organización y Competencia del Poder Ejecutivo, y que elimina a los CPC como órganos estatales.
Pero Núñez ni siquiera convocará a reunión de junta directiva esta semana.
El jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, explicó ayer que la suspensión de sesiones ya no es una opción, debido a que se afectaría la aprobación de varias leyes importantes para el país.
RABIETAS NADA MÁS
La posible solicitud de remover a Núñez de su cargo de presidente del Legislativo volvió a ser mencionada ayer, al igual que la denuncia de que los Tribunales invaden funciones constitucionales del parlamento.
Pero las probabilidades de sesionar antes del martes están eliminadas.
Pallais hasta sugirió a la población declararse en rebeldía y desobedecer los decretos del presidente Ortega, si rompe con el marco constitucional.
“La rebelión armada es un derecho consignado en muchísimas Constituciones e incluso en la doctrina liberal, en la doctrina del Estado y en la doctrina cristiana”, señaló Pallais.
El parlamento tiene programado sesionar las dos primeras semanas de diciembre, debido a que el día 15 termina el período ordinario.
