Al margen de que los decretos tienen su espacio en la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico de este país, lo que no puede ser es que el Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, pretenda materializar esos resabios propios de un dictador, al querer gobernar sólo por decreto.
Y digo sólo por decreto porque los sandinistas tienen la maña de recurrir a situaciones oscuras para hacer sus fechorías, irrespetando el marco jurídico del país.
Él tiene la facultad de dictar decretos ejecutivos en materia administrativa (artículo 150, inciso 4) y decretar y poner en vigencia la suspensión de derechos y garantías en los casos previstos en la Constitución Política, y enviar el decreto correspondiente a la Asamblea Nacional en un plazo no mayor de setenta y dos horas para su aprobación, modificación o rechazo (artículo 150, inciso 9), pero jamás dice la Carta Magna que podrá gobernar por decreto, como él quisiera. Dictar decretos es sólo un acto del delicado arte de gobernar.
Dictar decretos no es más que emitir preceptos en su propio ámbito de competencia y que luego dicha normativa podría estar sujeta al procedimiento que establece el inciso 9, y gobernar implica dirigir un país con autoridad, pero no con despotismo, caciquismo, tiranía. Ortega y su grupo actual parecen no tener claras las diferencias entre dictar decretos y gobernar por decreto.
Ortega cree que todavía puede hacer sus caprichos como en la década de los ochenta, cuando alcanzó el poder por las armas y reinó una década bajo un régimen militar, donde él y sus allegados impusieron el terror a punto de fusiles y pistolas a la población nicaragüense, que no quería cumplir con sus actitudes nefastas.
Por esta razón es que los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), la alianza Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y los parlamentarios que se autodenominan “independientes”, deberían impulsar una Ley General de Administración Pública, que ponga freno a actitudes funestas como las de Ortega.
Asimismo, la oposición, con los votos que tiene en la Asamblea Nacional, debe mandar al cesto de la basura las pretensiones “monárquicas” de Ortega, Rosario Murillo y su prole. Igualmente, trabajar sobre la base de una reforma urgente a la Ley de Carrera Judicial, para evitar que los magistrados judiciales mantengan bajo la suela de los zapatos la independencia de los jueces de primera instancia.
La oposición puede destituir al presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez Téllez, tal como se hizo cuando se quitó al ex presidente de la República, Arnoldo Alemán, quien estaba como presidente de la Asamblea Nacional en el 2002. ¿El FSLN mandará a la Policía y al Ejército (engendrado en el seno del partido sandinista) para reprimir y evitar que se ejerza el mandato soberano del pueblo reflejado en la mayoría de los diputados? Si eso se diera, este tipo de actitud favorecería para quitarnos de encima a gobernantes como el actual. Y seguro que la sociedad nicaragüense se sentiría aliviada. Ortega debe entender que la Administración Pública no es patrimonio suyo como ha hecho de la secretaría general de su partido.
