El Ejército de Nicaragua descartó hoy inmiscuirse con declaraciones en uno y otro sentido sobre el conflicto surgido entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo por el tema de los polémicos Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
El jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, general Omar Halleslevens, así lo declaró hoy en una improvisada rueda de prensa en Managua, con motivo de la celebración del Día del Soldado de la Patria.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reiteró ayer que el próximo día 30 instalará estos CPC, a pesar de que la Asamblea Nacional aprobó el pasado día 20 una ley que considera ilegales estos foros.
Ortega advirtió que si diputados liberales y sandinistas disidentes, adversarios suyos paralizan las labores en el Parlamento, lo obligarán por decreto.
El general sandinista al responder preguntas de los periodistas enfatizó que los líderes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial "tienen la capacidad de forma sabia y madura para dar solución a este problema".
"Tenemos que dar la oportunidad para que sean el presidente de la República, la Asamblea Nacional o la Corte Suprema de Justicia los que le encuentren solución al problema", insistió Halleslevens.
"Yo no voy a dar opiniones sobre si el presidente (Ortega) quiso decir tal o cual cosa, no voy a interpretar sus frases, lo mejor es dejar ahí y que sean los poderes los que salgan de esta situación", enfatizó el general de cuatro estrellas.
"Los ejércitos a nivel mundial actualmente están llamados mas que todo a no meterse en las crisis o situaciones que se producen entre instituciones del Estado, y de esto estoy convencido, ya que son muchas las tareas que hacer en vez de dar declaraciones sobre si el Ejecutivo, el Legislativo o la Corte Suprema por separado toman decisiones", anotó el jefe militar.
"El ejército de Nicaragua va a lo nuestro", añadió el general, quien explicó que hoy se otorgaron reconocimiento a militares de todos los rangos de la institución que se destacaron durante la emergencia creada por el huracán "Félix", que azotó el Caribe Norte en septiembre pasado.
Añadió que también recibirán distinciones, reconocimientos, medallas y condecoraciones militares o embajadores de diversos países que brindaron colaboración durante la emergencia causada por el meteoro.
Los liberales y sandinistas disidentes no se oponen a que los CPC existan como organismos partidistas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero sí a que funcionen como estructuras del Estado, con fondos del presupuesto y para imponer sus acuerdos a los legisladores, alcaldes, ministros y otros altos cargos.
Los opositores también consideran a los CPC como una reedición de los Comités de Defensa Sandinista (CDS), creados en los años 80 para que funcionaran como "oídos y ojos" de la revolución popular sandinista, y para controlar y vigilar a los ciudadanos.
Según la oposición, los polémicos CPC son coordinados por los secretarios políticos del gobernante Frente Sandinista y responden a un modelo importado no acorde con la democracia representativa y participativa establecida en la Constitución de Nicaragua.
El presidente del Parlamento, René Núñez, se niega a mandar para su publicación en la Gaceta, diario oficial, la ley que considera ilegales a los CPC como estructuras gubernamentales, basado en una orden judicial.
El pasado día 20, el mismo día que el parlamento anuló la facultad a los CPC de funcionar como parte del Gobierno, el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) admitió un recurso de amparo contra la decisión del Congreso de considerar ilegales a los Consejos, presentado por representantes de estas instancias.
La última palabra sobre estos CPC la tendrá que decir la Corte Suprema de Justicia.
