El director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Bayardo Izabá, consideró gravísimo para el país que el país sea gobernado por decretos, tal y como amenazó ayer el presidente Daniel Ortega. El activista de derechos humanos consideró que para ello, el mandatario tendría que reformar la Constitución, pues recordó que estas facultades administrativas del gobernante fueron eliminadas con las reformas constitucionales de 1995.
Izabá, quien participa en el Foro Nacional de Acceso a la Justicia que se desarrolla en un hotel capitalino, agregó que con esto Ortega manda un mensaje directo y es que "el país no necesita Asamblea Nacional".
Para el funcionario del Cenidh, lo más grave de todo es que el Presidente podría provocar que la oposición parlamentaria "pudiera pensar en invocar la Carta Democrática, que es ni más ni menos que la asistencia por medios diplomáticos de la OEA, porque habría rompimiento del orden institucional y constitucional y eso implica un golpe al Estado nicaragüense".
Por su parte, la directora general de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, prefirió no opinar. "No es competencia nuestra emitir ningún comentario al respecto", se limitó a decir.
No obstante, al ser consultada sobre cualquier situación que pueda presentarse en el Parlamento, Granera dijo que "la Policía está lista… Estamos trabajando en garantizar el orden en este país".
Pero aclaró: "No quisiera que se me mal interprete y que me se involucre en una opinión política. No somos un órgano competente para hacer ningún tipo de criterio (político)".
Granera también ofreció sus declaraciones en el denominado Foro Nacional de Acceso a la Justicia y la No Violencia, que organiza el Cenidh y la Policía Nacional.
