El presidente Daniel Ortega profundizó ayer la crisis con el Poder Legislativo, al advertir a los diputados que gobernará por decretos si no le aprueban sus leyes, incluidos los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
Ortega añadió que, de ser necesario, aprobará cada día un nuevo decreto presidencial para dar vida a los CPC, en caso de que en el parlamento se vuelva a derogar la vinculación entre esos organismos y el Ejecutivo.
“Me obligarían a mí a gobernar por decretos. Si ellos no aprueban esas leyes en beneficio del pueblo, yo las voy a aprobar y no va a quedar más camino si ellos paralizan la Asamblea”, aseguró Ortega en conferencia de prensa.
El diputado liberal Wilfredo Navarro reaccionó anoche mismo y acusó a Ortega de pretender violar el Estado de Derecho en Nicaragua, someter al parlamento, amenazar la estabilidad y tener interés por convertirse en un “rey”.
La semana pasada una mayoría de diputados derogó la facultad presidencial a Ortega de crear los CPC mediante decreto. El Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) revocó en 63 minutos esa decisión y ordenó no publicar la ley.
Los 52 diputados que se oponen a los CPC rompieron quórum en el parlamento durante dos días consecutivos la semana pasada, reclamando la publicación de la ley.
UN DECRETO PARA LOS CPC CADA DÍA
Ortega respondió ayer a esas acciones, aclarando que defenderá los CPC hasta las últimas consecuencias.
“Vamos a instalar nuevamente todo esto de forma legal, de tal manera que si ellos borran, pues nosotros volvemos a escribir la ley. Y así vamos a estar. Ellos borran los CPC, nosotros volvemos a instalarlos. Viene y dice la Asamblea que no, bueno yo al siguiente día dicto otra ley de que sí, y así vamos a estar. La verdad es que los CPC son una realidad en este país”, sostuvo Ortega.
El mandatario, que en tan sólo diez meses protagoniza una encarnizada lucha en contra del Poder Legislativo, reiteró que el viernes instalará el Gabinete Nacional de los CPC y añadió que también juramentará al nuevo Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes).
“Como esos decretos serán nuevos, ya todo lo que ellos están haciendo ahorita no va a valer, ya ni nos preocupemos si mandan a publicar la ley, porque el día treinta (de noviembre) habrá una nueva ley y tendrían que empezar a discutir ellos en la Asamblea Nacional, a discutir que no vale esa nueva ley, y así vamos a estar. Yo defendiendo el derecho del pueblo, de los Consejos, y ellos tratando de borrar ese derecho. Eso es una pérdida de tiempo”, dijo Ortega.
En su conferencia de ayer, a la que LA PRENSA no fue invitada, Ortega exigió a los diputados dejar a un lado el tema de los CPC, aduciendo que ese ya es asunto del Poder Judicial.
AMPARO CONTRA AMPARO
El Tribunal de Apelaciones de Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), admitió un recurso de amparo del diputado liberal Francisco Sacasa Urcuyo, ordenando revocar una decisión del TAM, que prohibió publicar la ley que mutila a los CPC.
“Hago un llamado a que respeten el ámbito del Poder Judicial, ya está en el Poder Judicial, ¿para qué va a estar la Asamblea en este tema?”, dijo Ortega.
NAVARRO: “¿SE CREE REY DE NICARAGUA?”
Navarro manifestó anoche que Ortega pretende someter a la Asamblea Nacional y quiere violar la institucionalidad, al decir que gobernará vía decretos.
“Es una actitud irresponsable y simplista estar diciendo que va a gobernar con base en decretos, ¿qué acaso se cree el rey de Nicaragua? Él tiene que cumplir con la Constitución y además, los decretos no pueden modificar las leyes de la Asamblea Nacional y desde ese momento estaría rompiendo la institucionalidad”, explicó Navarro.
El rechazo de al menos 52 diputados a los CPC es porque los consideran como órganos partidarios que serán los “ojos y oídos” del mandatario y porque el Gobierno daría privilegios a sus integrantes, con lo cual violarían la Ley de Participación Ciudadana, que establece la igualdad de las personas ante las autoridades.
Navarro exigió a Ortega y al presidente del parlamento, el también sandinista René Núñez, acatar la resolución del Tribunal de Apelaciones de Bluefields, que ordenó publicar la ley que cercena a los CPC del Poder Ejecutivo.
“No estaba hablando (Ortega) de que las resoluciones son de ineludible cumplimiento, pues que cumpla con la resolución de la RAAS y que deje de estar hostigando a la Asamblea, porque la quiere tener sometida a su voluntad”, dijo Navarro.
Núñez, presidente del parlamento, señaló ayer por la tarde que todavía no era notificado por los tribunales de la RAAS.
MAGISTRADO DE BLUEFIELDS: “QUE PUBLIQUEN LA LEY”
“Nosotros dejamos sin efecto la resolución del Tribunal (de Apelaciones de Managua), el Tribunal de Managua ordena abstenerse de publicar (la ley), entonces nosotros dejamos sin efecto esa resolución. (Ahora) la Asamblea tiene la facultad de mandar a publicar”, declaró ayer el magistrado presidente del Tribunal de Bluefields, Marcelino Alarcón Jirón.
Una reunión de junta directiva que se quiere efectuar hoy, para llamar a sesión extraordinaria el jueves y exigir la publicación de la ley, en realidad podría celebrarse hasta mañana.
Diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) recordaron ayer a Núñez que así como respetó la resolución del TAM, ahora acate la decisión del Tribunal de Bluefields, y mande a publicar la derogación de los CPC.
Pero Ortega indicó ayer que sólo reconocerá la publicación de la ley cuando aparezca en La Gaceta, y no en un diario de circulación nacional, como pretenden los liberales.
BATALLA EN LA ASAMBLEA
Por su parte, la jefa de bancada de ALN, María Eugenia Sequeira, y el tercer secretario de la directiva legislativa, Javier Vallejo, dijeron que los diputados no deben permitir que el tema de los CPC salga de la esfera legislativa.
“Lo más conveniente es que estas cosas se resuelvan en la Asamblea, que defendamos la institucionalidad del Poder Legislativo, que es fundamental para contribuir al Estado de Derecho y a la democracia, de otra manera estamos como papel pintado”, señaló Sequeira.
Los diputados que se oponen a los CPC calificaron como un golpe de Estado la decisión del TAM de prohibir la publicación de la ley.
¿ESCALERA PARA NÚÑEZ?
Por su parte, el jurista Gabriel Álvarez consideró que la resolución del Tribunal de Bluefields, que deroga lo resuelto por el TAM, tiene indicios de prevaricato, porque la Ley de Amparo señala expresamente que no cabe recurso contra decisiones judiciales.
Álvarez añadió que la guerra de amparos entre tribunales podría ser una escalera a favor de que Núñez publique la ley que deroga los CPC, debido a que ni a Ortega ni al ex mandatario Arnoldo Alemán les interesa profundizar la crisis en la Asamblea Nacional.
“Siguen prostituyendo el Poder Judicial”, comentó el jurista.
Mientras, un diputado liberal admitió que la maniobra política en el Tribunal de Bluefields es “una aberración jurídica sobre otra aberración jurídica”, pero que permite “empatar el juego”.
El jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, anunció ayer que podrían recurrir ante organismos internacionales para denunciar lo que consideran un golpe de Estado al parlamento.
(Con la colaboración de Sergio León, en Bluefields y María José Uriarte, en Managua).
