La escritura pública mediante la cual Lila Bermúdez vendió el Centro Turístico El Velero, al peruano Carlos Carruitero Cueva, en medio millón de dólares, podría ser falsa, debido a que el día que fue elaborada, Carruitero no se encontraba en el país, según documentos de Migración.
El documento, catalogado por la legislación nicaragüense como un documento público, fue elaborado por el notario Yáder Alejandro Cortez Barberena, en la ciudad de Diriamba.
Bermúdez ha dicho que ella no ha vendido El Velero a Carruitero y que, por el contrario, está demandando una indemnización justa porque esa propiedad era de su padre Carlos Bermúdez y fue ocupada ilegalmente en 1979.
MIGRACIÓN CONFIRMA
De acuerdo con los documentos de Migración, el 28 de febrero de 2004, día en que supuestamente Bermúdez y Carruitero firmaron la escritura de compra-venta de El Velero ante el notario Cortez en la ciudad de Diriamba, el peruano no se encontraba en el país.
Los movimientos migratorios de Carruitero, reflejados en el sistema computarizado de Migración y Extranjería, indican que este salió de Nicaragua por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, hacia Estados Unidos, el 22 de febrero de 2004 y regresó hasta el cuatro de marzo de ese año, lo que hace imposible que firmara la escritura que elaboró Cortez relacionada a la venta de El Velero.
Cortez dio fe pública, mediante la escritura número 60, del 28 de febrero de 2004, de que ante él comparecieron Lila Bermúdez y Carruitero, a las ocho de la mañana del aquel 28 de febrero para pactar la compra de 127 manzanas de tierra ubicadas en el sitio conocido como Los Zurrones, jurisdicción de Nagarote, departamento de León.
CORTEZ GUARDA SILENCIO
LA PRENSA intentó conocer una versión del abogado Cortez, pero su esposa, Silvia del Socorro Muñoz, dijo que su marido no se encontraba, que lo llamásemos más tarde y que no podía darnos su número de teléfono celular.
Pero resulta que Muñoz es la persona a favor de quien Carruitero hipotecó El Velero luego de comprarlo. El valor de la hipoteca era de 7,950,000 córdobas, equivalentes en esa fecha a medio millón de dólares, los cuales, según el Registro de la Propiedad de León, fueron cancelados un año después.
Cuando le consultamos a Muñoz sobre los 500 mil dólares que le había prestado a Carruitero en el 2004, respondió que “eso también se lo va a contestar él (su marido) cuando hablen”.
LA PRENSA intentó en varias ocasiones, la noche de ayer, establecer comunicación con Cortez o su esposa, pero ya no volvieron a contestar el teléfono convencional de Diriamba al cual nos habíamos comunicado inicialmente.
“NO PUEDO RESPONDER POR OTROS”
Mientras tanto el actual abogado de Carruitero, Carlos Blandón, dijo ayer al ser consultado sobre los documentos de Migración, que “yo no puedo responder por los actos de otros y no sabría decirte si él (Carruitero) estaba o no estaba en el país”. Blandón no era el abogado de Carruitero al momento de la transacción.
QUEJA EN LA CORTE
Sobre este caso, existe, desde mayo del presente año, una queja contra ocho abogados y notarios que supuestamente participaron en la trama para apropiarse del bien inmueble que supuestamente es del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
La queja fue interpuesta por el apoderado general judicial del INSS, Encarnación Lacayo Silva, y entre los abogados que se mencionan están la supuesta vendedora del bien inmueble, Lila Bermúdez Urbina; William Rivas Castillo, Armando López Barrios, Bernardo Orlando Salazar Meza, Carlos Alberto Blandón Acevedo, Nicasio Alberto Argüello Arcia y Brenda Alvayero Rodríguez.
Bermúdez dijo a LA PRENSA que no había sido notificada de esa queja y que es primera noticia que tiene al respecto.
Blandón también expresó que no había sido notificado por la Corte sobre ese caso y que cualquier cosa que estén haciendo al respecto lo que busca es cómo perjudicarlo, “porque yo no he hecho nada ilegal ni fraudulento. Eso lo están haciendo como una forma de intimidarme”, señaló.
“Yo no tengo nada que ver en ese paquete. No he sido notificado de esa famosa denuncia en la Corte Suprema de Justicia”, dijo por su parte el abogado Argüello Arcia, quien agregó que “no entiendo por qué me meten en eso”.
Por su parte la esposa de López Berríos, Isabel de López, dijo que “no puede ser, él está enfermo, tiene Alzheimer”, dijo la mujer, quien prometió buscar en el Protocolo del notario la escritura en la que lo relacionan con el caso de la venta de parte de las tierras de El Velero.
Por su parte el abogado Bernardo Orlando Salazar Meza, dijo que “yo no recuerdo nada de eso, pero no he cometido falsedad”.
“Ante cualquier notario puede comparecer cualquier persona. Nosotros sólo damos fe de lo que dicen ante nosotros, pero no tenemos responsabilidad de lo que dicen las partes comparecientes”, dijo el jurista, quien agregó que si hubo alguna falsedad, debería irse contra los que comparecieron y no contra los notarios.
En el caso de Alvayero, esta fue demandada en la vía civil por Blandón, por supuesta nulidad de la escritura en la que Bermúdez rescindió la venta que le había hecho a Carruitero, y ella se allanó a la demanda y reconoció que había sido sorprendida por Bermúdez.
Sobre este último caso existe una sentencia de la juez Segundo de Distrito Civil de Matagalpa, Maura Lila Montoya Moreno, en la que se declaró nula una escritura de rescisión de la venta de El Velero, dejando firme la venta que supuestamente hizo Bermúdez.
