El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, es señalado de estar influyendo en un juicio en el que están de por medio 30 mil dólares, para favorecer a su compañera sentimental, Ruth Castro Rivera.
El juicio inició en el Juzgado Segundo Civil de Distrito de Managua en el 2004, pasó por la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones y en este momento se encuentra radicado en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en espera de una sentencia.
En la primera y segunda instancia los jueces han fallado a favor de Castro.
La denunciante, la señora Jeanne Pereira Berheim, explicó que la demanda de acción de pago es promovida por Castro y reclama 30 mil dólares en concepto de una comisión por la venta de una propiedad ubicada en la pista Jean Paul Genie.
Pero según Pereira Berheim, ella nunca contrató los servicios de Castro como corredora de bienes raíces.
Entre las gestiones que Castro reclama están las diligencias realizadas personalmente por el magistrado Rosales, valoradas en 1,500 dólares.
El magistrado intervino ante el Banco Central de Nicaragua (BCN) para conseguir una constancia de que el terreno en cuestión no formaba parte del patrimonio del ahora extinto Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic). Este era uno de los requisitos legales solicitado por el comprador.
El magistrado Rosales fue consultado por LA PRENSA sobre la denuncia hecha en su contra, pero él se limitó a decir que no haría ningún comentario al respecto.
Castro Rivera no pudo ser localizada porque se encuentra fuera del país, según informaron en su casa, pero Otto Castro, quien se identificó como hijo de la demandante, dijo que Pereira solicitó los servicios de su madre para realizar la venta del inmueble.
El terreno fue vendido cuatro años después de realizado el trato, según Castro.
Agregó que existen evidencias como correos electrónicos y que incluso el antiguo abogado de Pereira, quien ya falleció, participó en las gestiones para efectuar la venta.
LA PRENSA también intentó obtener una versión con la abogada de Castro, Mercedes Inés Castellón, pero en su residencia informó su hija, Inés, que está fuera del país.
EN CASACIÓN
Juan Manuel Guerrero Cuadra, abogado de la señora Pereira Berheim, cuestionó que el juicio está plagado de irregularidades por parte de las autoridades judiciales.
Parte de estas anomalías ocurrieron en el Juzgado Segundo Civil de Distrito, donde fueron admitidos como pruebas una cantidad de documentos privados donde no estaba consignada la firma de Pereira. También fueron aceptados varios testigos que no comparecieron en tiempo, pese a que este tipo de juicios no admite testigos.
Guerrero criticó que en el juicio fueron aceptadas además cuatro actas notariales de declaración jurada.
En una de estas comparece el magistrado Rosales.
El caso fue objeto de un recurso de casación, después que el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia, en septiembre del 2007, contra Pereira.
