El polémico tema de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) fue engavetado por los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes ayer acordaron retomar el caso hasta el 5 de diciembre próximo.
La decisión permitirá que el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo promulguen holgadamente los CPC como parte de las estructuras del Ejecutivo, cobijados de legalidad por un recurso de amparo que la Sala Constitucional debe resolver.
El vicepresidente de la CSJ y magistrado de la Sala Constituicional, el sandinista Rafael Solís, informó que no lograron llegar a un acuerdo por lo cual decidieron discutir el tema hasta el 5 de diciembre, cuando hayan regresado al país cuatro magistrados miembros de esa Sala que participarán en un congreso en Cartagena, Colombia.
“Hubo una reunión, pero no hubo ningún acuerdo, por lo tanto sigue vigente la resolución del Tribunal de Apelaciones”, indicó el magistrado Solís.
La discusión de los magistrados se centró en si debía o no persistir la orden del Tribunal de Apelaciones dada al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, de abstenerse de publicar la Ley que deroga los CPC.
El jurista especializado en temas constitucionales, Gabriel Álvarez, concluyó que el acto de los magistrados de Apelaciones de mandar a detener una ley que está en proceso de formación es una “monstruosidad jurídica”.
Explicó que el principio de que las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento se ha convertido en un instrumento dañino y pernicioso contra la democracia, y solamente es aplicado para el pueblo, pero no para los mismos magistrados y jueces que pasan por encima de las resoluciones.
Apuntó que la sentencia que declaró inconstitucional la disposición que prohibía impugnar el proceso de formación de una ley, tiene la misma lógica que esta sentencia dictada por el TAM, pues se aparta de la técnica jurídica.
“La justicia constitucional no puede servir para usurpar funciones a los demás poderes del Estado. Se está destruyendo la Constitución. Es una ‘leguleyada’ que demuestra una burda manipulación del derecho”, continuó.
LA LEY DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EL CANDADO
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sergio Cuarezma, expresó que mientras no exista una Ley General de Administración Pública, el Poder Ejecutivo tendrá toda la discrecionalidad y el poder ilimitado para manejar su gestión como crea conveniente en el marco de la Constitución Política del país y esto puede ser canalizado a través de la vía del decreto.
“Esto (la Ley de Administración Pública) no solamente vendría a ordenar al país, sino que además le daría vida y contenido de trabajo a la Sala de lo Contencioso y Administrativo, porque como no está diseñado el camino por el cual el usuario debe de recorrer en los espacios administrativos, a veces no sabe cómo llegar hasta lo contencioso administrativo de la Corte”, explicó el magistrado judicial durante una comparecencia en el programa Primera Plana de LA PRENSA y Canal 2.
Indicó que mientras no exista una legislación en ese sentido, cualquier titular del Poder Ejecutivo tiene una competencia amplísima para ejecutar el diseño de sus programas políticos en el marco de la administración pública.
Actualmente señaló que lo único que existe es un solo parámetro en el artículo 131 de la Constitución, el que destaca que los funcionarios electos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informar de su trabajo y actividades oficiales. Agrega que la función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo.
“El servicio civil y la carrera administrativa serán regulados por la ley”, reza parte del artículo constitucional.
Cuarezma destacó que la Ley 290 o Ley de Organización del Poder Ejecutivo es la legislación que organiza los ministerios de Estado, pero no regula la administración pública. La Ley 290 es similar al decreto número 1 de la ex presidenta Violeta de Chamorro, que era la Ley Creadora de los ministerios de Estado.
PLC: DESTITUIR A NÚÑEZ
Por su parte, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) emitió un comunicado en el que señala que el presidente de la Asamblea Nacional debe mandar a publicar la ley que derogó los CPC de la estructura del Ejecutivo.
“El Partido Liberal considera que de no mandar a publicar la ley, cuyo veto fue rechazado, el presidente de la Asamblea Nacional deberá ser destituido de su cargo”, indica el documento dado a conocer ayer.
