Existen dos formas de pervertir la democracia: por defecto o por exceso. Por defecto, se recurre al ya conocido expediente del golpe de Estado y las supresión de derechos y garantías ciudadanas, la instauración de la clásica dictadura militar; método pasado de moda, cruel y repugnante a la sensibilidad de nuestro tiempo, en que las libertades democráticas se han constituido en la fuente principal de legitimidad del poder político. En el siglo XXI, por tanto, el método más recomendable es el segundo.
Dos han sido las ideas con las que, como caballos de Troya, se pretende tomar la plaza democrática: la democracia participativa y directa, cuya concreción orgánica pretenden ser los llamados Consejos del Poder Ciudadano, y las reformas constitucionales para instaurar un sistema parlamentario. Lejos de proclamar abiertamente la dictadura, ambas iniciativas se presentan como medios para “profundizar” la democracia.
Sobre la democracia directa, nada se ha dicho respecto al tipo de sociedades y la clase de ciudadano que requiere para ponerse en práctica, dos aspectos que revelan la mala fe de quienes la proponen en sustitución de la representativa. La democracia directa fue la primera forma de democracia, practicada por los griegos en la polis, o ciudad Estado, comunidad política que no sobrepasaba los trescientos mil habitantes y en la que los ciudadanos capacitados para ejercitarla se reducían a treinta o cuarenta mil. No sólo requería un espacio donde fuese posible el diálogo y la discusión, sino un tipo de ciudadano totalmente entregado a la política, condiciones imposibles de encontrar en las sociedades modernas de masas, altamente especializadas. La sobrepolitización que conlleva, produce no sólo el abandono de las actividades económicas productivas sino la división y el enfrentamiento, la exacerbación de la lucha de clases. Esto explica, en términos históricos, la duración relativamente breve de la democracia griega, que tuvo su esplendor durante el mandato de Pericles y pronto degeneró en los excesos que Aristófanes ridiculiza en sus comedias.
En nuestro contexto, los llamados Consejos del Poder Ciudadano representan una propuesta política más cercana a los fasci di combattimento y el proyecto corporativista de la Italia de Mussolini, que al ideal marxista representado por la fugaz e irrepetible Comuna de París. La democracia participativa es posible y necesaria, no como sustituto sino como complemento de la representativa, a través del ordenamiento racional del debate público, la información y educación ciudadana, el mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuentas de parte de los gobernantes hacia los gobernados, la consulta ciudadana en todos aquellos asuntos que son del interés de la nación, el diálogo, la concertación y la búsqueda del consenso. Su espacio más propicio es el municipio, donde, a Dios gracias, no necesitamos reinventarla, pues contamos con el cabildo abierto, institución de recia raigambre popular.
El segundo caballo de Troya son las reformas constitucionales, con el confesado objetivo de cambiar el sistema presidencialista por uno parlamentario, y el menos aparente de eliminar la prohibición de reelección. Lo que la ciudadanía ha conocido de las negociaciones, llevadas a cabo en secreto, son un conjunto de mutuas concesiones con el propósito de instaurar un sistema vitalicio bicaudillista, en el que los cargos de Presidente y de Primer Ministro puedan ejercerse por turnos, indefinidamente, y donde el pacto sea un requisito para poder tener gobierno.
Las reformas, pactadas para entrar en vigencia a partir del 2011, de ser aprobadas estarían sentando un gravísimo precedente. Con ellas daría inicio una especie menos frecuente de dictadura, aquella que Schmidt catalogara como “dictadura soberana”, por estar localizada en el Legislativo, el poder donde reside la soberanía, a diferencia de la clásica dictadura comisaría, que se ejerce desde el Ejecutivo. ¿Quién podría asegurarnos que, una vez aprobadas, a estas no sucedan otras que desfiguren por completo el sistema democrático? Los artífices de este oscuro trato son tan conscientes del riesgo que han pretendido atajarlo, a través de un nuevo artículo constitucional por el que se establecería la prohibición de futuras reformas en aspectos medulares del sistema republicano y democrático, como la separación de poderes, el pluralismo político y las elecciones periódicas. Nada impide, sin embargo, que más tarde la misma mayoría que hoy pudiese usurpar el poder constituyente, lo hiciese nuevamente para arrogarse plenos poderes y proclamar la nueva dictadura.
La ciudadanía, la sociedad civil organizada y los partidos políticos comprometidos con la defensa de la democracia deben oponer un frente común y rechazar con firmeza estas dos iniciativas. Profundizar la democracia no es lo mismo que arrojarla a lo hondo de la fosa y enterrarla, aun con todos los rituales democráticos.
