El primer vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro, exigió ayer a los ocho magistrados liberales en el Poder Judicial que rechacen un potable recurso por inconstitucionalidad del presidente Daniel Ortega en contra de la derogación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
El parlamento derogó la facultad al mandatario, de crear por decreto los CPC como órganos del Poder Ejecutivo, Ortega vetó la derogación y de inmediato el Ejecutivo promovió un Recurso de Amparo.
En la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que es la que tendría que resolver el espinoso caso, hay ocho magistrados afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y otros ocho del PLC.
Navarro auguró que el recurso por inconstitucionalidad encontrará un muro de rechazo por parte de los ocho magistrados judiciales del PLC.
“Los magistrados democráticos van a mantener el respeto a la constitucionalidad y los CPC, como instrumento de Gobierno y como brazo político de un partido, no tienen razón de ser y atentan verdaderamente contra la igualdad de oportunidades, contra la Ley de Participación Ciudadana”, dijo ayer Navarro.
EL EMBLEMA EN CRISIS
Los CPC son uno de los proyectos más emblemáticos del presidente Daniel Ortega y la Primera Dama, Rosario Murillo.
Pero tras la derogación aprobada el martes, la pareja presidencial sufrió la más grave derrota política del año.
Los CPC de Managua recurrieron de amparo, el propio martes, ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
El TAM amparó a los CPC y a su vez ordenó al parlamento no publicar la ley.
Se espera que Ortega introduzca el recurso por inconstitucionalidad en los próximos días.
“Yo siento que los magistrados democráticos del Poder Judicial van a rechazar el recurso, por ser notoriamente improcedente, yo no tengo ninguna duda”, indicó Navarro.
Sin embargo, ya la magistrada liberal Perla Arróliga se plegó al voto de sus colegas liberales en el Tribunal Apelaciones al admitir el Recurso de Amparo y ordenar la suspensión del acto, que impide la entrada en vigencia de la reforma contra los CPC.
JEFE DE BANCADA DEL PLC EXIGE APEGO A DERECHO
En Nicaragua la elección de los 16 magistrados judiciales se ha efectuado bajo claros intereses partidarios desde 1999, cuando el actual presidente Daniel Ortega pactó con Arnoldo Alemán, gobernante entre 1997 y 2002.
La conformación partidaria de la CSJ ha sido objeto de amplias críticas en Nicaragua.
Maximino Rodríguez, jefe de bancada del PLC, exigió ayer a los magistrados una resolución fundamentada en las leyes y no en intereses partidarios.
“Los magistrados tienen que cumplir la Constitución y las leyes, a ellos se les paga para que administren la justicia y tienen que cumplir con la ley, con la Constitución”, dijo Rodríguez.
La bancada del PLC rechazó a los CPC como aparato paraestatal, al concluir que violan la Ley de Participación Ciudadana y la igualdad entre las personas ante el Poder Ejecutivo.
“El pueblo de Nicaragua espera que cada funcionario cumpla con su obligación, esto ya no es del resorte de la Asamblea. Nosotros ya cumplimos con nuestra obligación”, añadió Rodríguez, tratando de evadir la responsabilidad que todavía está en manos de su partido.
