El alcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco, declaró el martes de esta semana que: “La acusación de traidor es la acusación más seria que existe en el Frente Sandinista. Para mí es muy seria —insistió el gobernador capitalino—, porque cuando yo entré al Frente Sandinista el traidor sólo tenía una salida, que era la pena de muerte y eso es lo que yo entiendo” (LA PRENSA, miércoles 21 de noviembre, 2007).
Sin duda que el alcalde Marenco sabe muy bien lo que dice. Él es uno de los más antiguos militantes del Frente Sandinista, al que pertenece desde hace unos cuarenta años y ha estado entre las personas más cercanas, de mayor confianza de la cúpula del FSLN y más incondicional de Daniel Ortega.
El FSLN nació y se desarrolló como una organización político-militar, y en lo poco que se conoce de su historia real no son muchos los casos de miembros de dicho partido que fueran declarados como traidores y ejecutados o asesinados como consecuencia de esa terrible acusación. El caso de Narciso (Chicho) Zepeda fue uno de los más dramáticos y emblemáticos de esos casos.
En octubre de 1975, como macabro resultado de uno de los muchos pleitos intestinos en el FSLN, Narciso Zepeda fue declarado traidor, condenado a muerte y ejecutado en las cercanías de la ciudad chinandegana de El Viejo, después de que sus asesinos lo obligaron a cavar su propia fosa y a pesar de que él imploró a sus “hermanos” sandinistas, que no lo asesinaran.
Otro caso sonado de declaratoria de traidor a un sandinista y ejecutado o asesinado por ese mismo motivo, fue el del periodista Carlos Guadamuz. Este, igual que Dionisio Marenco había sido uno de los hombres más cercanos a Daniel Ortega, pero las luchas internas lo condujeron primero a la disidencia y después a convertirse en el crítico y denunciante más feroz de la dirigencia sandinista, y del mismo Ortega en lo personal. Después de haber sido calificado como traidor, Guadamuz fue asesinado a balazos el martes 10 de febrero del 2004, frente a la estación de televisión que transmitía sus comentarios políticos.
El caso de Carlos Guadamuz demostró que no es necesario un acuerdo explícito de ejecutar a alguien previamente calificado como traidor, para que este sea asesinado. “Asumo la responsabilidad y a título personal de un acto individual”, declaró William Hurtado, el antiguo miembro de los cuerpos represivos del Estado sandinista que asesinó a Carlos Guadamuz. Y las autoridades correspondientes nunca pudieron o no quisieron aclarar, si en efecto el asesino de Guadamuz había actuado por su propia cuenta o lo hizo por encargo. El mismo Dionisio Marenco, a quien Carlos Guadamuz antes de que lo mataran lo acusó públicamente de haberlo amenazado de muerte, después del asesinato del periodista sandinista, dijo en una entrevista para el canal 8 de televisión, que, aunque “el señor Carlos Guadamuz estaba no abusando, estaba sobreabusando de la libertad de expresión, de eso, a que alguien pueda matar o mandar a matar a alguien, yo creo que eso son otros diez pesos. Yo creo que nadie tiene derecho a matar a nadie”, aseguró Marenco enfáticamente. Muy cierto: Nadie tiene derecho de mandar a matar a nadie.
Sin embargo, cabe recordar que este mismo año el alcalde sandinista Dionisio Marenco inauguró en Managua un enorme monumento al asesino del dictador Anastasio Somoza García, lo que fue indudablemente una manifestación de cultura de la muerte y del maquiavélico doble estándar de condenar el crimen cuando la víctima es alguien del mismo partido, o del mismo credo ideológico y político, pero justificarlo e incluso glorificarlo cuando se trata de matar al enemigo o adversario político.
Tenía razón el entonces candidato a Alcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco, cuando después del asesinato de Carlos Guadamuz dijo que “nadie tiene derecho de matar a nadie”. Pero eso aplica no sólo para los amigos y personas afines, sino también para los enemigos y adversarios y disidentes de cualquier tipo. En todo caso, Dios quiera que la acusación de traidor que han hecho contra el alcalde sandinista Dionisio Marenco no vaya a desembocar en su asesinato —como él mismo lo teme, según su denuncia pública—, igual que ocurrió con Narciso Zepeda en 1975 y Carlos Guadamuz en el 2004.
