Ni la confesión de “Rosita”, que implica a su padre adoptivo, Francisco Fletes, en la violación que sufrió en 2003, en Costa Rica, ni el fallo de culpabilidad contra el autor por parte de un jurado de conciencia, pondrá punto final al espinoso caso.
Un día después de conocerse que la niña pidió perdón a Alex Barquero, el joven costarricense que fue procesado y encarcelado tras ser señalado como el violador y padre del niño al que fue obligada a abortar, LA PRENSA conoció que en el Ministerio Público existe una denuncia en contra de varias integrantes de la Red contra la Violencia.
Fuentes extraoficiales confiaron a LA PRENSA que el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Roberto Petray, denunció a nueve miembros de esa organización por supuestamente encubrir la violación de la menor por parte de su padrastro.
También las señala de ser autoras del delito contra la administración de justicia, asociación e instigación para delinquir y apología al aborto.
LA PRENSA trató de conocer la versión de la Fiscalía, pero la fiscal especial Odeth Leytón se encontraba en un seminario.
Irma Gutiérrez, de la Comisión Coordinadora de la Red, dijo desconocer que exista una denuncia en la Fiscalía en contra de integrantes de esa organización, como también que Fletes era el autor de la violación de la niña desde que residían en Costa Rica.
“Para ser sincera no sé, porque quienes habían estado manejando el caso eran otras compañeras, y no yo … desconozco al momento”, dijo Gutiérrez, tras señalar que “de la denuncia hasta este momento tengo esa noticia”.
Cuatro años después de haber inducido a que la menor fuese sometida a abortar a la criatura, Gutiérrez defendió que lo hayan promovido.
“En ese sentido, la red cumplió con la parte que le correspondía, como era salvar la vida de la niña y para nosotras lo más importante en todo caso es la vida de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes que están corriendo un peligro y si en ese momento ese embarazo significaba la próxima muerte de la niña, consideramos que no tenemos por qué arrepentirnos ahora de que esa situación se haya dado”, refirió.
¿SE COLUDIERON?
En su denuncia, la ANPDH señala que las miembros de la red se coludieron con el padrastro de la niña y promovieron el aborto hasta lograr su ejecución en una clínica particular de forma clandestina, “haciendo caso omiso de las medidas médicas dictadas por el Minsa conforme dictamen dado en un informe científico por la junta de médicos de esa institución”.
Les señala, además, que las miembros de la Red de Mujeres hicieron desaparecer los restos mortales del niño abortado que contenían en su sangre el ADN, y era la única vía para establecer la responsabilidad criminal del violador, dentro del proceso judicial que se ventilaba en Costa Rica y que pudo impulsarse en Nicaragua.
La denuncia de la ANPDH menciona que el caso fue aprovechado para documentar la historia de la menor.
En su denuncia, la ANPDH señala que en el período comprendido entre febrero del 2003 y julio del 2007, las miembros de la Red le brindaron seguimiento a “Rosita”, a su madre y a su padrastro, a quienes, señala, las mantuvieron económicamente.
“Las proporcionaron bienes muebles e inmuebles y, según testigos, vecinos del lugar, las mujeres del colectivo de la Red, a como les llamaba “Rosita”, sabían que estaba embarazada y que era sujeto de abuso sexual por parte de su padrastro Francisco Leonardo Fletes Sánchez, hecho que las miembros de la Red ocultaron”, señala Petray en la denuncia.
Pero Gutiérrez insistió: “Yo personalmente puedo asegurarle que no, en el caso de la Red también estamos seguras de que no manejábamos esa situación”. Agregó que si la niña ahora pide perdón, se debe entender que en los casos de menores de edad, cuando son violados, pueden ser manipulados.
“(Puede haber) factores determinantes para que esos casos se estén dando y que los niños sean manipulados”, sostuvo.
Más bien, dijo Gutiérrez, la organización podría decir que ellas fueron manipuladas en este caso, pues “nosotras tenemos que creer en la versión de la niña, porque no tenemos por qué dudar de la víctima”.
La activista de la Red de Mujeres contra la Violencia considera que la denuncia presentada en contra de esa organización, lo que busca es publicidad.
“Pero la verdad es que a mí no me preocupa que haya una acusación para la Red, realmente esta gente no está preocupada por la situación que vive la niña, ni por la situación que vivió; a ellos lo que les interesa, pienso yo, es darse publicidad”, sostuvo Gutiérrez.
La representante de la Red, recordó que tras las sospechas de María, la madre de “Rosita”, de que su cónyuge estaba abusando de la menor, ellas recurrieron ante el Distrito Tres de la Policía.
“A partir de ahí fue que se dio lo que se dio y, nosotros pensamos que hasta ese momento hemos cumplido con nuestro deber y hemos seguido apoyando a la madre y a la menor”, manifestó Gutiérrez.
