La Contraloría General de la República (CGR) advirtió al Alcalde de Jalapa, Humberto Pérez Largaespada, que será “fuertemente” sancionado si no permite que funcionarios de esa institución auditen la gestión financiera de esa comuna correspondiente a los años 2004 y 2005.
El alcalde Pérez, mediante una carta, pidió al auditor de la CGR, Julio Martínez Estrada, que “despejara” (desalojara) la oficina que tenía asignada en la Alcaldía de Jalapa, argumentándole que existe un recurso de amparo a favor de él y en contra de la CGR, en la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Estelí.
Dicho recurso ordena suspender los “efectos de las declaraciones emitidas en los diarios de circulación nacional”, vertidas por el presidente del Consejo Superior de la CGR, Luis Ángel Montenegro.
Los cinco contralores se reunieron ayer y, entre otras cosas, abordaron el problema con el alcalde Pérez. De forma unánime decidieron emplazar a Pérez para que permita la auditoría, de lo contrario será sancionado.
Los contralores explican al munícipe, en otra carta, que las declaraciones brindadas por el contralor Montenegro se refieren a una auditoría especial, realizada por la CGR, sobre el mal uso de un dinero que fue aportado por donantes extranjeros a la comuna de Jalapa, la cual no tiene que ver con la auditoría financiera sobre los años 2004-2005, por lo cual no hay obstáculo para que se realice esta última auditoría.
¿SUSPENDER EFECTOS DE DECLARACIONES?
El contralor Guillermo Argüello Poessy calificó como insólito el hecho de que el Tribunal de Estelí haya ordenado la suspensión de los “efectos de las declaraciones” del contralor Montenegro, lo cual es un amparo en contra de opiniones y no de actos.
“Para mí es una sorpresa y sigo aprendiendo. Que la Sala (Civil del Tribunal de Apelaciones de Estelí) aclare cuáles son los efectos a suspender”, manifestó el contralor Poessy.
MAL ASESORADO
Aunque se ha conocido que el alcalde Pérez finalmente va a acceder a que se realice la auditoría en cuestión, el contralor Montenegro le pidió que dejara hacer su trabajo a los auditores, porque ningún funcionario público se puede negar a ser auditado.
“Él (Pérez) está mal asesorado. Será sancionado si no accede a la auditoría, porque se ha extralimitado en sus funciones (al expulsar a los auditores)”, dijo el contralor Montenegro.
Extraoficialmente se conoció que el contralor Montenegro fue declarado non grato en Jalapa, por Pérez, pero Montenegro llamó a reflexionar al edil jalapeño.
El contralor dijo que no tiene nada personal en contra de Pérez, sino que sólo realiza su trabajo. “Ni siquiera soy yo quien realiza las auditorías”, señaló Montenegro.
EL MALESTAR
El malestar de Pérez hacia la CGR se debe a la presunción de responsabilidad penal que los contralores establecieron en su contra, el pasado jueves 8 de noviembre, por el supuesto mal uso de fondos de la comuna.
La auditoría especial realizada por la CGR en la comuna de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, reveló que se retiraron de las arcas de la Alcaldía, 446 mil 216 córdobas donados por Apdel Danida, de Dinamarca, para la construcción de la terminal de buses del municipio, egreso que carece de documentación soporte que lo justifique y que fue realizado sin autorización de la parte donante.
Según la CGR, Francisco González Vílchez, ex alcalde de Jalapa, también sacó de la comuna 212 mil 419 córdobas y se los entregó a Jaime Briones, conductor de la Alcaldía de Jalapa, a pesar de que el dinero estaba destinado para otros beneficiarios.
Ciudadanos originarios de Jalapa denunciaron ante la CGR desde marzo pasado, que esa Alcaldía fue utilizada para la campaña electoral de Pérez Largaespada, con dinero que estaba destinado a un proyecto financiado por la cooperación danesa y que después fue reembolsado con recaudaciones municipales.
En declaraciones brindadas a LA PRENSA hace unos meses, el alcalde Pérez Largaespada dijo que el concepto del cheque era para cancelar deudas del traspaso de gobierno y la campaña electoral pasada.
