El miércoles de esta semana, las inmediaciones del Mercado Oriental de Managua fueron estremecidas por las acciones de violencia practicadas por estudiantes universitarios, algunos de ellos encapuchados. En el Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador (RUCFA), de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), los estudiantes convertidos en vándalos destruyeron una camioneta doble cabina propiedad de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), dispararon morteros directamente a los cuerpos de sus rivales, e incluso uno de ellos sacó una bayoneta de su cintura para atacar a otro compañero de universidad. Al respecto cabe reflexionar que si de este tipo de “universitarios” dependiera la posibilidad de que Nicaragua salga del atraso y el subdesarrollo, habría que perder toda esperanza.

La verdad es que desde que el Frente Sandinista y Daniel Ortega perdieron el poder ante la UNO y doña Violeta Barrios de Chamorro, las manifestaciones de los universitarios dominados política e ideológicamente por el FSLN han sido violentas, vandálicas y destructivas. En el caso de la violencia universitaria desatada en Managua el miércoles de esta semana, se dijo que fue causada por desacuerdos en la elección de la dirigencia estudiantil del RUCFA. Pero no se trata de que un bando estudiantil se dispute el liderazgo con otro bando de estudiantes, con el propósito de servir desinteresadamente a la comunidad estudiantil universitaria. Tampoco es una lucha por nuevas formas de trabajo y metodologías a favor de la superación académica de sus recintos. En realidad, la lucha es por el control de la cuota que les corresponde, del seis por ciento del Presupuesto General de la República que se asigna a las universidades públicas y a las privadas subvencionadas por el pueblo, que el próximo año ascenderá a unos 2 mil millones de córdobas.

En esta lucha por el control de las cuotas del seis por ciento, el FSLN es líder y protagonista, pues las organizaciones estudiantiles que le son afines y sus cuadros políticos convertidos en decanos y rectores, son los que dominan y determinan en los ámbitos universitarios públicos, lo mismo que en los privados que son financiados por el Estado. Así ha sido siempre, desde 1990. Es oportuno recordar que en el Editorial del 29 de abril del 2005, dijimos lo siguiente: “Es realmente lamentable el papel que el CNU, con su presidente a la cabeza, ha jugado durante los actos vandálicos de los días anteriores, en los que han dado muestras de su ‘educación’ y del uso que hacen del seis por ciento del Presupuesto que pagamos todos los ciudadanos. En realidad, el vandalismo de los universitarios demuestra que su intención no es defender a la población del incremento del pasaje en los buses sino el cumplimiento de un mandato de desestabilizar el país y, sobre todo, debilitar aún más al Gobierno”.

Pero ahora el FSLN no es oposición, sino Gobierno. Sin embargo, el control del seis por ciento universitario es causa de discordia porque su intención es seguir utilizando un dinero que supuestamente es para el beneficio de los estudiantes, en provechos personales y cuestiones de índole partidaria. Ahora los morteros y los cocteles molotov se usan y se usarán entre los mismos orteguistas que pelean por el botín; o para enfrentar a los que se opongan al orteguismo; o para imponer los CPC y cualquier proyecto totalitario de Daniel Ortega y el FSLN. Por lo tanto, el control de las organizaciones estudiantiles y de los puestos administrativos universitarios, sigue siendo un objetivo político del orteguismo.

¿Cuál podría ser la solución para terminar con estos espectáculos vergonzosos que se generan en las universidades en ocasiones como la elección de dirigentes estudiantiles y autoridades universitarias? La solución es la misma que hemos planteado desde hace años. La mayor parte del seis por ciento debe distribuirse directamente entre estudiantes de escasos recursos y que hagan méritos académicos, para que puedan costearse sus estudios. Y el resto debe usarse para mejorar bibliotecas, laboratorios e infraestructura, y para pagar mejores salarios a los docentes y empleados. Además, las autoridades universitarias deben rendir de verdad y públicamente un informe detallado del uso de las partidas asignadas.

Sólo así se podría terminar con la corrupción y el mal manejo de dinero aportado por el pueblo trabajador. Sólo así se acabarán los enfrentamientos violentos de los universitarios y sus acciones vandálicas.