El inversionista Carlos Carruitero, de origen peruano, se sorprendió al conocer que al frente de un grupo de campesinos que reclaman la finca San Antonio de Wasaka, en Matagalpa, aparece Julio César Balladares Bolaños.
Carlos Blandón, abogado de Carruitero, explicó que Balladares Bolaños es la persona que en el año 2004 le vendió dicha propiedad a su cliente.
Inicialmente, según Blandón, el vendedor era William Benavides, pero luego Carruitero se entera que un grupo de campesinos tenía posesión de la propiedad y fue a ellos a quienes se las terminó de pagar, por medio del abogado de los campesinos, Ramón Uriel Ruiz Téllez.
Una vez que compró la propiedad, Carruitero no pudo tener posesión de la misma porque se lo impidió un grupo de campesinos dirigidos supuestamente por el ex diputado sandinista Issac (Chaco) Jaen y desde entonces disputa las tierras por la vía legal.
Blandón presentó en LA PRENSA documentos originales en los que constata que la finca pasó de manos de Benavides a los campesinos, luego la compra que hizo Carruitero de la misma al abogado de los campesinos, Ruiz Téllez, y hasta el otorgamiento que se le hizo (a Carruitero) del derecho de uso y goce de las tierras, por parte de la comunidad indígena de Matagalpa.
Carruitero dijo no entender porqué Balladares se hace pasar como que todavía tiene derechos sobre la finca San Antonio de Wasaka y se mostró molesto porque el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) acuerpa este tipo de hechos.
DOBRE ASIENTO REGISTRAL
Como una cantidad indeterminada de propiedades, la finca San Antonio de Wasaka, tres kilómetros al norte del poblado de La Dalia en el departamento de Matagalpa, tiene más de una cuenta registral y es reclamada por beneficiarios de los Acuerdos de Las Tunas, quienes mantienen la posesión, y por un grupo de supuestos ex trabajadores quienes ya vendieron la propiedad.
En medio del conflicto, los ex empleados de la finca denunciaron este martes ante el Cenidh que ex diputados y dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) son los responsables de lo que consideran una toma ilegal de la propiedad.
Los denunciantes, encabezados por Balladares Bolaños; acusan al ex diputado, ex alcalde sandinista de Matagalpa y actual presidente del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), Nelson Artola; a la diputada suplente, secretaria política departamental del FSLN y delegada del Poder Ciudadano en Matagalpa, Irma Dávila Lazo; al diputado sandinista Pedro Haslam Mendoza y al ex diputado suplente y dirigente de la sandinista Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), Isaac (Chaco) Jáen Rivera.
Dávila y Jáen rechazaron estar detrás de la supuesta toma y negaron lucrarse con los frutos de la propiedad
ANTECEDENTES
Registralmente, la finca San Antonio de Wasaka es conformada por cuatro lotes inscritos en cuentas registrales distintas y que en conjunto miden 211.26 manzanas de extensión, aunque el grupo de ex trabajadores reclama 250.4 manzanas y los beneficiarios de los Acuerdos de Las Tunas dicen que la finca mide más y que al menos 205 manzanas están cultivadas con café debidamente tecnificado, por lo que durante el ciclo productivo 2007-2008 esperan cosechar entre un mil 800 y dos mil quintales de café oro.
La propiedad San Antonio de Wasaka perteneció a Félix Pedro Fonseca Loza, quien la vendió a la Sociedad Fonseca Martínez Cruz e Hijos Compañía Limitada, en el año 1978.
Como la finca fue afectada por la Reforma Agraria sandinista, el Estado de Nicaragua, conforme el Acta Resolutiva de la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI) número 121-03-94 del primero de junio de 1994 y el Finiquito Estatal del seis de junio del mismo año, pagó un poco más de 2.7 millones de córdobas en Bonos por Indemnización (BPI) a la Sociedad Fonseca Martínez Cruz e Hijos, representada por Ronaldo Fonseca Martínez.
AGRESAMI Y LAS TUNAS
En el año 2000, la finca San Antonio de Wasaka presuntamente formaba parte del patrimonio de la Agropecuaria Renacer de San Miguel (Agresami) de los otrora potentados hermanos Centeno Roque, conocidos por un rápido crecimiento de su capital y por los escándalos financieros en que estuvieron involucrados, incluyendo la quiebra del Banco Intercontinental (Interbank).
La caída del "imperio Centeno", en el año 2002, coincidió con la crisis cafetalera ocasionada por la drástica caída de los precios internacionales del grano, lo que a su vez generó que miles de familias campesinas, especialmente en el municipio El Tuma - La Dalia, quedaran en el desempleo y salieran a las carreteras a demandar asistencia gubernamental.
Esa protesta, conocida como los plantones, dio origen a una serie de compromisos gubernamentales conocidos como Los Acuerdos de Las Tunas, suscritos en septiembre del 2002, ampliados en agosto del 2003 y ratificados en mayo del 2004, tras extensas negociaciones provocadas por las protestas campesinas que cada uno de esos años incluyeron marchas, plantones y tranques sobre la carretera Panamericana.
A través de los Acuerdos de Las Tunas, el Gobierno que presidía Enrique Bolaños, se comprometió a legalizar varias fincas que estaban en manos de los beneficiarios, incluyendo San Antonio de Wasaka, la cual ya estaba en conflicto.
La finca fue asignada por la Intendencia de la Propiedad a 43 familias que participaron en los plantones y el Gobierno sigue sin legalizarla, sin embargo, los beneficiarios de los acuerdos tienen un documento de "autorización provisional" extendido por la Corporación Nacional del Sector Público (Cornap) el ocho de julio del 2003 y una constancia de compromiso emitida por la Intendencia de la Propiedad el 28 de febrero del año 2005.
