La Policía del departamento de Masaya desalojó ayer, a las cinco y treinta de la mañana, a un grupo de desmovilizados de la Resistencia, del Ejército y del Ministerio de Gobernación, que mantenían ocupada una propiedad de la Cooperativa Róger Rodríguez, de Nindirí.
La fuerza pública había advertido desde ayer a los ocupantes de la propiedad, que abandonaran el lugar porque habían penetrado de forma ilegal y estaban perturbando la propiedad privada.
¿NO HABÍA ORDEN JUDICIAL?
El juez Civil de Distrito de Masaya, Danilo Salomón Jiménez, despachó la orden de desalojo tras resolver una acción judicial de amparo en la posesión que interpuso el presidente de la Cooperativa Róger Rodríguez, contra la diputada sandinista Élida María Galeano y José Ramón Gaitán, a quienes identifican como los cabecillas que ocuparon las tierras.
“Ellos no traían orden judicial. No es cierto. Nosotros estamos aquí legalmente a la espera de una resolución de la Intendencia de la Propiedad para que se nos asignen”, dijo Juan José Espinoza, quien se identificó como desmovilizado de la Resistencia y miembro de la Asociación de la Resistencia Nicaragüense Israel Galeano (ARNIG).
ABOGADO: “FUE LIBRETAZO”
Mientras tanto, el abogado de los desmovilizados, José Elvis Carrillo López, dijo a LA PRENSA que la actitud de la Policía Nacional al desalojar a sus representados, lo que hizo fue “un libretazo, porque no me dio ninguna orden judicial”.
“Yo fui al Juzgado y no ha habido ninguna orden judicial que mande un desalojo, lo que hay es un auto del juez en el que ordena que se deje de perturbar la propiedad, pero no había orden de desalojo”, dijo Carrillo.
Agregó que el juicio que emprendió el presidente de la cooperativa no tiene asidero legal por cuanto esas tierras son del Banco Central de Nicaragua, en virtud de una deuda que tenía esa cooperativa con el extinto Banco Nacional de Desarrollo (Banades), y que las mismas serán asignadas a los desmovilizados.
“Ellos tenían dos prendas agrarias con el Banades y al quebrar ese banco la propiedad pasó al Banco Central, pero como no fue inscrita por la burocracia estatal, las tierras siguen inscritas a nombre ellos e incluso han vendido ilegalmente una parte de la propiedad”.
Una parte de la venta la hicieron a favor de Carlos Cabrera Delgado y Orlando Gómez Gómez, supuestos testaferros de los hermanos Centeno Roque, según aseguró Carrillo.
El abogado dijo que tendrían reuniones con la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, con la Procuraduría, el cardenal Miguel Obando y Bravo y con la Intendencia de la propiedad, instancias donde tratan de legalizar las tierras a su favor.
