El Procurador General de la República, Hernán Estrada, solicitó ayer al parlamento respaldar una moratoria en la transmisión de propiedades, cuando se compruebe o presuma que hay fraude detrás de las gestiones.
Estrada se reunió ayer con el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del parlamento, el diputado liberal José Pallais, a quien dijo que el Poder Ejecutivo promoverá una estrategia de Estado para detener los fraudes con la comercialización de lotes.
“Que cesen todas las transmisiones irregulares y fraudulentas que han estado operando en nuestro país a lo largo de los últimos años”, dijo Estrada.
Pallais explicó que uno de los métodos más usados para usurpar terrenos es cuando una persona demanda a otra, para quitarle de forma irregular el terreno a un tercer individuo.
El diputado admitió que jueces del Poder Judicial están incluidos en los operativos.
“Revisamos casos fraudulentos que se realizan en muchísimos casos en complicidad con los jueces del Poder Judicial. Por ejemplo, ‘Juan demanda a Pedro, pero para quitarle la propiedad a Simón’, entonces hacen una acción de inmisión en la propiedad, de un secuestro, de una demanda o prescripción adquisitiva”, explicó Pallais.
Ni Estrada ni Pallais dijeron por cuánto tiempo estaría vigente la moratoria, pero sí afirmaron que durante ese período impulsarían la aprobación de una serie de leyes para resolver la inseguridad jurídica que existe en el país.
La primera ley sería la de Registro Público.
“Esperamos que en el futuro todos estos traficantes de tierra, todas las personas que son de todos los colores, de todos los estatus económicos y sociales del país, se vean menos tentados a realizar transmisiones de bienes por cualquiera de las figuras que actualmente están establecidas en el Código Civil”, indicó Estrada.
ASEGURAR INVERSIONES
El procurador agregó que analizaron el caso de la extorsión por lotes de terreno en Tola, Rivas, y aseguró que el Poder Ejecutivo tiene el objetivo de asegurar las inversiones tanto a los propietarios originales de los terrenos como a las personas que “de buena fe” adquirieron los lotes.
Pallais precisó que la inseguridad jurídica tiene como características la doble matriculación de los terrenos y los abusos sobre los títulos supletorios.
El nuevo Código Penal reconoce la figura del “fraude por simulación”, que castiga a quienes inventen litigios o cualquier otro procedimiento para afectar la propiedad de un tercero. Estrada y Pallais consideraron que con ese artículo se frenarán un poco los fraudes sobre las propiedades.
