La Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional dictaminó ayer sobre el caso de la supuesta extorsión por unas propiedades en Tola, Rivas, y recomendó al Ministerio Público abrir causa tanto al ex diputado sandinista Gerardo Miranda como al empresario Armel González.
“La comisión considera que existen suficientes presunciones para concluir que se produjeron actos ilícitos que en nuestra legislación están tipificados como delitos, por los señores Gerardo Miranda y Armel González, así como la comisión de irregularidades por parte de notarios y otros funcionarios públicos que actuaron contra ley expresa”, dice el dictamen publicado ayer.
González denunció a Miranda en mayo pasado de supuestamente haberlo extorsionado a cambio de “solucionarle” problemas legales en varias manzanas de terreno en la turística zona playera de Tola, Rivas.
La comisión legislativa acordó ayer que ambos personajes deben pasar a manos de los tribunales.
Anteriormente una comisión especial también decidió que González (por soborno) y Miranda (por corrupción) sean investigados por el Ministerio Público.
La Comisión de Probidad y Transparencia, en su dictamen, solicitó a la Comisión Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, la apertura de expedientes disciplinarios en contra de Martín Moraga (notario público), Lohan Castro (notario público y fiscal de Rivas), Marianela Paredes (juez de Distrito Civil de Rivas, en 2005), y Pedro Muñoz (registrador público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Rivas).
