Las autoridades hondureñas informaron el martes que buscan intensamente al ex gerente general de la Empresa de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, al que investigan por espionaje telefónico al presidente Manuel Zelaya y sus principales colaboradores.
“Se ha ordenado su captura donde se encuentre, pero él huye de la justicia”, dijo a la AP la juez penalista de Tegucigalpa, Roxana Morales. “Sin embargo, su juicio continúa”.
La Fiscalía encausó a Chimirri por 12 delitos de abuso de autoridad como funcionario público y poseer armas ilegales. La ley establece entre 3 y 6 años en prisión por cada uno de esos delitos.
Otros encausados son los ex ejecutivos de Hondutel, Luis Arriaga, jefe de la línea oficial 193, y Danilo Santos, jefe del Departamento Legal. El único detenido es Arriaga.
La Policía allanó el viernes las residencias de ellos y les decomisó computadoras y gran cantidades de documentos.
En la casa de Chimirri se incautó dos subametralladoras Thompson y una carabina de 30 milímetros, que son armas prohibidas por la ley.
Según la Fiscalía, Arriaga y Santos grabaron por orden de Chimirri, conversaciones por teléfono del presidente Manuel Zelaya y sus principales colaboradores. Ocho de ellas se publicaron en el sitio YouTube en internet.
En las pláticas, el mandatario da instrucciones a sus subalternos, incluso a Chimirri, en las que evidencia una estrategia para controlar a periodistas y medios de comunicación del país.
Las conversaciones han causado estupor en todos los niveles sociales de Honduras, no por mostrar diálogos de altos funcionarios públicos, sino por su contenido.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, reveló que Francis Quezada, esposa de Chimirri, pidió protección para su familia. “Y el caso lo analizamos”, añadió.
El abogado de Chimirri, Rosel Barralaga, dijo que “no presentaremos voluntariamente a la justicia a mi defendido, porque es nulo todo el proceso realizado por la Fiscalía... y yo no escondo a mi cliente, sólo hago mi trabajo”.
La situación se produce en momentos en que Zelaya está enfrentado a algunos dueños de medios de comunicación, a los que acusa de criticar su gobierno para obtener beneficios económicos.
Chimirri asumió el puesto hace cuatro meses en la telefónica estatal.