El Procurador General de la República, Hernán Estrada, visitó a autoridades judiciales y del Registro de Rivas, con el propósito de evitar que bienes del Estado sean objeto de tráfico ilegal.
En ese departamento del sur del país es donde se concentran los mayores problemas de tierras, especialmente en Tola, como el caso de Playa de Amarillo.
El procurador Estrada señaló, a través de una nota de prensa, que se realizan los pasos necesarios para el traspaso ordenado de algunas tierras a sus propietarios originarios y también asegurar que bienes del Estado no sean más objeto de tráfico ilegal.
LISTA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Una de las armas con las que la Procuraduría espera frenar el tráfico de tierras, es el funcionamiento de una oficina donde se garantice el acceso a la información pública.
Mediante esa oficina, la Procuraduría espera que la ciudadanía se informe sobre los avances en la resolución de los problemas de propiedad en el país.
Junto a los problemas de propiedad, la Procuraduría también coordina esfuerzos en el tema del medio ambiente.
El procurador Estrada se reunió con funcionarios del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Forestal (Magfor), para buscar respuestas a los problemas del medio ambiente.
Sin embargo, los problemas de tierra y del medio ambiente son muchos y la resolución de los mismos es una tarea de nunca acabar.
EL CONFLICTO DE AMARILLO
El problema de Playa Amarillo, en Tola, es un conflicto por 71 manzanas de terreno entre un grupo de campesinos beneficiados por la Reforma Agraria y supuestos dueños originales de las tierras.
“Es un enredo similar al de otras playas”, indicó recientemente el procurador Estrada, quien aclaró que lo único que puede hacer la PGR en estos casos es velar porque se mantenga la estabilidad social y la paz en las zonas de conflicto y asegurar que los verdaderos dueños de las tierras no sean desalojados.
De acuerdo a una constancia emitida en febrero pasado por la entonces intendente de la Propiedad, Mireya Molina, en 1981 diez agricultores del municipio de Tola recibieron de la Reforma Agraria, 71 manzanas de tierra ubicadas en la zona de Amarillo.
De las 71 manzanas, se desmembraron 30 manzanas a favor de 650 personas, supuestamente campesinos.
Unos meses después de ese trámite, la inscripción de la propiedad fue cancelada repentinamente, por lo que estas diez personas iniciaron una demanda civil de nulidad de cancelación del asiento registral.
