En el derecho constitucional se plantea la cuestión sobre cuál es el mejor sistema de gobierno para la democracia, el presidencialismo o el parlamentarismo. En los países latinoamericanos ha prevalecido el sistema presidencial como una mala copia del sistema presidencialista de los Estados Unidos de Norteamérica, que en 1776 proclamó su independencia de Inglaterra y en 1789 proclamó su Constitución Política, casi treinta y cinco años antes de nuestra independencia de España. Los padres fundadores siguieron este modelo, violándolo casi siempre.
Mal que bien, Latinoamérica ha adquirido una tradición en este sistema presidencialista que se ha ido perfeccionando, si se quiere, más en unos países que en otros, dependiendo de los hábitos y costumbres locales, y de los hombres que los conforman y organizan su forma de vida y de gobierno.
Es por esto que los medios académicos universitarios han reaccionado con cautela, ante el anuncio de los líderes políticos de transformar nuestro sistema presidencialista por el régimen parlamentario, que a mi juicio son dos cosas distintas para mundos distintos. En América la democracia presidencialista fue definida por Abraham Lincoln, en el discurso de Gettysburg, como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, una fórmula que les ha funcionado a los norteamericanos, pero pobremente en América Latina acostumbrada mayormente a bajar a balazos a los presidentes.
Como dice el profesor español M. Jiménez de Parga, en su obra Los regímenes políticos contemporáneos, editorial Tecnos, entre otras características los regímenes parlamentarios tienen una larga tradición en Europa y aún así adquieren formas distintas, Inglaterra con su régimen de gabinete y en Francia, con la Constitución de la V república, dio al presidente De Degaulle un poder dictatorial.
En estos sistemas parlamentarios se usa con frecuencia la consulta al pueblo por medio del Referendo y el Plebiscito, nunca visto entre nosotros, que a los jefes de Estado nicaragüenses les produce alergia. También los diputados son electos por voto directo. Pero la característica que nos llama la atención es la afirmación de Jiménez de Parga, de que este sistema parlamentario se adopta en aquellos países que, (incluye sólo a los Estados Unidos) tienen en su base unos supuestos firmes: “a) una larga tradición democrática, un orden básico de convivencia —social y económico— bien articulado; b) una riqueza material que facilita un alto nivel de vida; c) una educación cívica en gobernantes y gobernados”. Muy alejado de nuestra realidad de pobreza política y miseria económica.
Entonces es motivo justificado que la ciudadanía se pregunte por el objeto del tal cambio de sistema y en qué puede beneficiar al pueblo. Pues el cambio hacia el sistema parlamentario, per se, no produce más arroz, frijoles y huevos de la canasta básica; que es lo que demanda el pueblo abaratar; y no transculturizar un modelo político que, al parecer, está siendo utilizado para justificar una perpetuación en el poder de una casta dominante, pensando en dictaduras personales, y no en el bienestar del pueblo, sumido en la hambruna por la veloz carestía de la vida.
Para qué “profundizar la democracia”, si del suelo no pasa, a menos que sea para enterrarla. Se ha dicho que en cualquier sistema político, los que fallan son los hombres, no los sistemas. Y el país, si no come con presidencialismo, tampoco va a comer con una dieta de parlamentarismo que luce como otra mentira política; otro agobio sobre el pueblo.
