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Los mexicanos integrantes del cártel de Sinaloa podrían ser extraditados a su país, tras una decisión del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM). (LA PRENSA/ARCHIVO)
Consideran extradición de narcos
Tribunal de Apelaciones de Managua ratifica sentencia contra mexicanos
Elízabeth Romero
nacionales@laprensa.com.ni
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Extraditan a narco originario de España

La secretaria ejecutiva del Ministerio Público, doctora Delia Rosales, fue la encargada de entregar en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, a un español vinculado con el narcotráfico.

Rosales identificó al reo extraditado como Bienvenido Gutiérrez, quien estaba condenado a 10 años de cárcel por tráfico ilegal de estupefacientes.

“Nicaragua dando cumplimiento al convenio de cumplimiento de pena con otros países, se tramitó todo lo referente al traslado de este señor a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que es el órgano competente”, explicó la doctora Rosales.

La funcionaria dijo que el Poder Judicial resolvió dando lugar al traslado y poniendo al reo a la orden del Ministerio Público, para que esa institución a su vez procediera a su entrega.

Al país llegó un avión para la extradición a España del ibérico, quien viajó custodiado por funcionarios de la Policía Internacional (Interpol), dijo Rosales.

La Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) confirmó la sentencia impuesta por el Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Tipitapa, en contra de la célula narco vinculada al cártel de Sinaloa, a la vez que plantea la posibilidad de que los siete detenidos de nacionalidad mexicana puedan ser extraditados para que cumplan la condena en su país.

“No ha lugar a los recursos de apelación presentados en contra de la sentencia número 51, dictada el 9 de julio del 2007 (...) quedando firme la sentencia condenatoria y penas impuestas a los condenados”, señala la resolución del TAM en contra de los 22 condenados por varios delitos entre los que destaca financiamiento al narcotráfico.

Otra parte de la resolución ordena que los extranjeros sean enviados a México.

Invocando el tratado firmado en el 2000 entre México y Nicaragua, sobre la ejecución de sentencias, “considera que a los condenados en la presente causa y que son de nacionalidad mexicana (...) les sea aplicado lo relativo a la ejecución de sus sentencias en su país de origen”.

Los mexicanos condenados son: José Juvenal Mendoza González, Arturo Ramón Gaspar Rubio, David Ricardo Alvarado Zazueta, Emiliano Rodas Pérez conocido como José Luis Guzmán o José Luis Monjarrez, Jesús Javier Flores Vega, Juan Rosales Castañeda y Luis Ángel Vale Serrano.

Para ello refiere el TAM en su resolución, “realícense las coordinaciones necesarias entre el Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua y la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, todo para su efectivo cumplimiento”.

Para el cumplimiento de esta resolución, señala la Sala Dos del TAM, “envíese certificación de la presente sentencia a la señora ministra de Gobernación de Nicaragua, al Procurador General de la República y al Fiscal General de la República. Se les hace saber el derecho que tienen las partes de recurrir de casación en el término de ley”.

FISCAL SATISFECHO

El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, se mostró satisfecho no sólo por la confirmación de la sentencia condenatoria, sino “por la novedad de que se les está dando la oportunidad de que se cumpla (la pena) en su país”.

“Desde hace rato se habían venido sosteniendo algunas pláticas al respecto, del interés de no tener gente indeseable con nosotros”, refirió Centeno.

Señaló que “no podemos estar llenando nuestras cárceles de esta gente”. Centeno puso de ejemplo que ayer la secretaria ejecutiva del Ministerio Público, Delia Rosales, entregó a las autoridades de la Embajada de España en el país, a otro reo, detenido en el país por vínculos con el narcotráfico.

“Entregamos a otro señor de esos altos aguiluchos del crimen organizado, que va para España, (se) está entregando a las autoridades españolas con gente de la DEA”, refirió Centeno.

RESOLUCIÓN DEL TAM ES DE OFICIO

La resolución emitida por el TAM es de oficio, pues Centeno Gómez reconoció que la defensa de los acusados puede recurrir de casación, por lo que deberán esperar que se cumplan los mecanismos legales, antes de iniciar los procedimientos para determinar si extraditan o no a los mexicanos, indicó que la intención sería en beneficio de la sociedad.

“Yo creo que es saludable. Posiblemente esto se va a formalizar, la petición que se vaya a hacer (pero) tiene que estar firme la sentencia. Tiene que llegar a casación como el caso ahorita que se está dando en el aeropuerto”, explicó Centeno al referirse al español.

Y aunque aún no hay una autoridad judicial que dé por establecida la extradición de los mexicanos, Centeno refirió: “me imagino que viene la casación rápidamente para terminar el procedimiento encargado, esto siempre lo mandan al Ministerio Público para que con el Ministerio de Gobernación haga todos los trámites para que esta gente vaya a su país”.

Para el fiscal Centeno, el país debe deshacerse de reos relacionados con el crimen organizado, “porque si nuestras cárceles no tienen la competencia todavía para detener a los nuestros que cometen esas infracciones, imaginate tener tanto extranjero, todo eso producto del crimen organizado, capaces de hacer barbaridades como las que hicieron en Bilwi que agarraron a dos pobres policías, o se los llevaron forzados, o los compraron y allá los fueron a asesinar a Honduras”.

Esto indica, según Centeno, que los narcotraficantes “están corrompiendo nuestras necesidades, nuestra pobreza, prácticamente somos víctimas también de este mal tan grande”.

INCIDENTE RECIENTE

Centeno recordó un incidente suscitado en la presente semana en los Juzgados capitalinos, donde un reo intentó agredir a la fiscal Edith Tuckler Lara, mientras le leían la sentencia en el recinto judicial.

Centeno Gómez destacó que este hecho lo intentó cometer un detenido por un hecho delictivo común, “¿de qué no son capaces estos agentes del crimen organizado?”, dijo.

El lunes por la noche la fiscal Edith Tuckler Lara fue objeto de homicidio frustrado por parte del reo Juan José Ortiz Ramírez, quien intentó matarla con un verduguillo de 30 centímetros, al final del juicio donde fue declarado culpable.

En este caso de Tuckler, el fiscal prometió que le caerá todo el peso de la ley al detenido, a quien calificó como “bárbaro y salvaje”, porque puso en riesgo la vida de “una persona tan brillante como es la señora Tuckler, una persona vertical”.

Esta situación experimentada en los Juzgados por la fiscal auxiliar, servirá, según Centeno, para hacer recomendaciones también al Sistema Penitenciario Nacional y a la Policía Nacional.

“¿Cómo es posible que allí, a vista de todos y en presencia del juez, un individuo que está siendo fulminado con una condena saque un verduguillo y se le vuelva encima a la fiscal?”, se preguntó el fiscal general.

Centeno recordó que el riesgo es mayor para los fiscales en los casos relacionados con el narcotráfico.

Dijo que esta situación les ha llevado a contemplar algunas alternativas de seguridad a sus funcionarios, que a diario se ven enfrentados con la delincuencia en los tribunales de justicia.

Dijo que llegaron a considerar que los fiscales portaran armas, pero declinaron esta posibilidad pues no parecía acertado que los fiscales ingresaran armados a las audiencias.

“Nosotros con nuestra pobreza que ustedes conocen, les hemos dicho infinidad de veces aquí a las personas que manejan el aparato del Ministerio Público en materia de administración, que debe estar siempre permanente una unidad de movilización y gente nuestra esperando que las fiscales, que en su mayoría son mujeres, estén hasta el último momento protegidas y amparadas”, dijo Centeno Gómez.

Refirió que en varias ocasiones se han registrado incidentes en contra de sus subordinados, entre los que mencionó que han habido veces que han sido perseguidos y han tenido que buscar el apoyo de taxistas.

“Aunque no tenemos recursos, hay que buscar de dónde”, propuso el fiscal general.

“Ustedes han visto que los únicos funcionarios de Nicaragua que investigan, que acusan y que llevan (a los reos) a los tribunales, son los únicos que no andan custodiados, comenzando por el fiscal general”, dijo Centeno.

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