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Noticias >> Nacionales
Ordenan auditar a Centeno
Un contralor se opuso a resolución de CGR y otro se abstuvo de votar
Eduardo Cruz Sánchez
nacionales@laprensa.com.ni
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La Contraloría General de la República (CGR) ordenó realizar una auditoría especial sobre el uso que el ex diputado sandinista Leonidas Centeno le dio, en cuatro años, al dinero que como fondo social le asignaba la Asamblea Nacional.

Así lo anunció el contralor Guillermo Argüello Poessy, quien reveló que la decisión de realizar la auditoría fue aprobada por tres de los cinco contralores, mientras uno de ellos se opuso y otro se abstuvo.

Dicha auditoría había sido anunciada desde el lunes pasado por el presidente del Consejo Superior de la CGR, el sandinista Luis Ángel Montenegro, quien aseguró que existen todas las evidencias para dictar presunción de responsabilidad penal en contra del ex diputado sandinista Leonidas Centeno.

Montenegro dijo en esa ocasión que Centeno merecía presunción de responsabilidad y que debía responder ante los tribunales de justicia por la supuesta malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado.

Ese día lunes 5 de noviembre, LA PRENSA publicó un amplio reportaje sobre la forma en que Centeno supuestamente distribuyó dinero del fondo social, entre familiares y amigos.

De acuerdo con el reportaje, Centeno recibió como fondo social 1.7 millones de córdobas, de los cuales distribuyó 1.1 millón entre familiares.

Sólo a su esposa, Aura María Zeledón Gómez, Centeno supuestamente le pasó casi un millón de córdobas del parlamento.

El fondo social es una partida presupuestaria anual de más de 400 mil córdobas, que el parlamento entrega a cada uno de los 90 diputados para hacer “labores sociales”.

Ese fondo de los diputados es para realizar obras en beneficio de la población, como becas, proyectos de agua potable, letrinas, carreteras y adoquinado.

“Ese ciudadano (Leonidas Centeno) se hace merecedor de una presunción penal, porque los recursos del Estado, dice el Código Penal, deben utilizarse para lo que fueron destinados. Si se les da un uso diferente para el que fueron creados, se llama malversación de caudales públicos y se pena con entre dos y cinco años de cárcel y la inhabilitación del cargo”, sentenció el contralor Montenegro.

Centeno explicó a LA PRENSA, en días recientes, que se siente tranquilo, que tiene soportes del uso del dinero y que si le entregó tanto dinero a su esposa es porque necesitaba “gente de confianza” para la distribución del fondo social.

“Eso (la acusación) es sólo la manipulación que han hecho. Yo no he dado reales a mi familia. O sea, hablan de que saqué cheques a nombre de mi mujer, sí es cierto, no puedo decir que es mentira, ahí está pues, sí es público, ¿verdad? Pero que no se los robó ella, eso sí te lo puedo garantizar, ni yo mucho menos; eso te lo puedo garantizar”, dijo Centeno.

La supuesta actuación de Centeno es rechazada por los diputados de oposición en la Asamblea Nacional, quienes prometieron modificar el mecanismo de uso del fondo social.

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