La “Capital de la Producción”, como se conoce al departamento de Matagalpa, es en la actualidad una tierra de conflictos por la propiedad. La Comunidad Indígena de Matagalpa (CIM) reclama para sí centenares de hectáreas de tierras, lo cual ha creado contradicciones con los productores del municipio de El Tuma-La Dalia y con los de otras zonas del departamento.
El productor Álvaro Reyes dice que el problema de La Dalia consiste en que ha aparecido una Comunidad Indígena que antes no existía, con un título de propiedad que dicen que es de antigua data y que la frontera norte de los terrenos de la comunidad llega hasta Fila Grande.
“Eso significa que La Dalia queda más al norte de ese lugar, es decir que no hay tierras de la comunidad, pero de manera sorprendente ahora aparece otro título que no es de antigua data, sino que es bastante reciente, en donde ellos (la CIM) tienen tres mil manzanas. Con ese nuevo título ellos pretenden llegar casi a la frontera con Honduras y han entregado de manera ilegal, títulos sobre propiedades que tienen títulos reales”, asegura Reyes.
La entrega de esos títulos sobre propiedades que tienen derechos reales inscritos ha creado conflictos que según Reyes “ya han provocado un muerto”.
“Pero además de eso hay toda una mafia que la componen algunos abogados y algunos particulares, que todos los conocemos, que han hecho de esto su modus vivendi. Si logran hacerse por la fuerza de una finca, la venden después, y si no, tienen un conflicto legal en donde estar sacando plata. De cualquier forma ganan. Es un modus vivendi de ellos”, asegura Reyes, pero no brinda los nombres de los integrantes de la mafia, justificando que es muy malo para recordar nombres.
Según Reyes, a ningún propietario le gusta sentir amenazada su propiedad, sobre todo cuando ha sido legítimamente adquirida, pero lamentablemente “existe la voluntad de una mafia de hacer este tipo de negocios y eso está afectando a todos los productores honestos de La Dalia. Todos, unos ocho mil productores”.
PGR INTERVIENE
El caso ha requerido la intervención del Procurador General de la República, Hernán Estrada Santamaría, quien llegó a La Dalia la semana pasada, junto a otros funcionarios de Gobierno, a reunirse con los productores, miembros y directivos de la CIM y autoridades locales y departamentales de Matagalpa, para “escuchar” las quejas de los productores.
Estrada considera que los problemas de propiedad en Matagalpa “son bien agudos, son de diversa naturaleza y, desde luego, que (resolverlos) va a llevar su tiempo, pero lo importante es la voluntad, la decisión de entrar de lleno a la solución de este problema, con firmeza y con equidad y justicia”.
“Para eso hay que tomar en cuenta la opinión de todos los sectores a efectos de ir avanzando sin lesionar los intereses de nadie, sino actuando con equidad y con justicia, pero con firmeza y tratando de dejar clara una señal a los tomatierras, a los abogados inescrupulosos que están operando y que se han sentido envalentonados durante estos últimos años, pero que con este Gobierno tenemos que golpear firmemente y con dureza”, dijo Estrada al concluir el encuentro en La Dalia.
El Procurador General de la República enfatizó que el Instituto de Estudios Territoriales (Ineter) trabajará en conjunto con el Gobierno Local en La Dalia para delimitar el territorio indígena, si es que en realidad existe en ese municipio.
Estima que “lo que no se puede es que una Comunidad Indígena de Matagalpa esté distribuyendo títulos a lo largo de todo el departamento de Matagalpa. Históricamente aquí no ha existido Comunidad Indígena en este municipio”.
“No podemos permitir que bajo un derecho comunitario, un derecho de las comunidades que está establecido se siga actuando de forma geófaga a favor de inescrupulosos comerciantes y traficantes de tierras”, precisó.
ALCALDE RECHAZA
Por su parte el alcalde de La Dalia, Jaime Arauz Centeno, dice que hay en La Dalia no menos de 31 sectores donde agudizan los conflictos de propiedad y rechaza las pretensiones de la CIM de querer adjudicarse tierras en ese municipio.
Sin embargo, Reinaldo Manzanares, asesor legal del CIM, asegura que “El Tuma - La Dalia tiene 18 años de ser municipio. Los títulos de la Comunidad tienen más de 200 años. Cuando nacen estos municipios, hay una cuenta (registral) que es la que agarra los municipios de Terrabona, San Dionisio, Esquipulas, San Ramón y Matagalpa que es la cuenta registral 526”.
“De esa cuenta 526, una buena parte de ese territorio era jurisdicción del municipio de San Ramón, ahora, cuando nace El Tuma-La Dalia, pasó a ser jurisdicción de El Tuma-La Dalia (…) por ejemplo, (la comarca) Yasica Norte, una buena franja pasó a formar parte de El Tuma-La Dalia y antes era de San Ramón”, agrega Manzanares.
“NO ME DOY POR ALUDIDO”
Desde hace dos años y medio, Manzanares es uno de los asesores legales de la Comunidad Indígena y desde entonces es señalado como uno de los promotores de los conflictos de propiedad en los cuales está involucrada la Comunidad, sin embargo dice no darse por aludido ante esos señalamientos.
“No me doy por aludido, ahí están mis protocolos, más bien yo he sido colaborador de los entes investigativos para efectos de poder ir determinando quiénes son los que delinquen con relación a tráfico de tierras, problemas de tierras, etcétera”, asegura.
Manzanares reconoce que los productores han sido perjudicados por la Comunidad Indígena, pero adjudica la generación de esos conflictos a las anteriores directivas de la CIM.
“Efectivamente han sido perjudicados, pero no necesariamente por esta Junta Directiva. Como ejemplo está el caso del señor Roberto Reyes (dueño) de (la finca) San Andrés”.
“Esa escritura la hizo la Junta Directiva anterior, cuando estaba administrada por don Isidro (Díaz), entonces esa Junta creó el problema. Isidro hizo un contrato de uso y goce a favor de una serie de personas que yo no sé si las que están dentro de la escritura de uso y goce están físicamente en la tierra y mi criterio muy personal como abogado y ya se lo he dicho a la Junta Directiva: si un productor está en terreno indígena y tiene escritura ordinaria, no importa, lo que hay que hacer es llamar a ese productor y que pague su canon de arriendo, pero la Comunidad en ningún momento puede ir a confiscarlo, en ningún momento puede expropiarlo, en ningún momento puede ir a sacar al productor y dársela a grupos de personas”, sostiene Manzanares.
