Cinco semanas antes de que concluya el plazo para entregar una nueva Carta Magna, la Asamblea Constituyente de Bolivia no ha redactado ni una línea y sus miembros no coinciden ni siquiera sobre dónde deliberar, pese a las amenazas del gobierno de Evo Morales, de radicalizarse si ese foro fracasa.
El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera aseguró que el mandato de la Asamblea, que vence el 14 de diciembre, “teóricamente” puede ser ampliado por segunda vez, pero que sería necesario no sólo un acuerdo político, “sino fundamentalmente una recuperación de la confianza ciudadana”.
“En las actuales condiciones, política y socialmente es bastante difícil pensar en una ampliación del plazo”, apuntó García Linera en una entrevista con la radio Fides.
Morales amenazó con una reacción de sus partidarios campesinos e indígenas contra las “oligarquías minoritarias”, que, a su juicio, tienen secuestrada la Asamblea.
El martes, García Linera amenazó con “medidas radicales” contra la propiedad privada, ante el fracaso del foro, aunque ayer matizó que hablaba sólo de los terratenientes.
Erick Fajardo, portavoz del prefecto de Cochabamba, el opositor Manfred Reyes Villa, acusó a Morales y García Linera de “empujar al país a la confrontación en las calles”, tras el fracaso de la Constituyente.
A su vez, el senador oficialista Antonio Peredo sostuvo que la derecha intenta “poner una trampa” y provocar al Gobierno, para “que sea el MAS (Movimiento al Socialismo, partido del presidente Morales) el que inicie la guerra de las balas”.
Morales prometió “refundar Bolivia” con la Constituyente y su fracaso lo obligará a repensar su plan de “revolución democrática”.
El Congreso ya amplió en agosto el mandato inicial de la Asamblea, de un año.
