Los dirigentes políticos de los dos partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional, el FSLN y el PLC, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, han propuesto al país, una vez más, reformas constitucionales, argumentando que son sumamente importantes para el futuro de la nación.
Esta propuesta no busca la superación de la pobreza, el desarrollo sostenible, ni que se generen empleos, aumente la producción, el comercio y las exportaciones. No pretende que el gobierno pueda recolectar más impuestos para hacer mejores caminos, más escuelas, más salud.
Quienes hoy controlan el poder político en Nicaragua tienen un solo interés estratégico, perpetuarse en el poder, por lo que insisten en nuevos cambios constitucionales que les den más tiempo y más poder, pero los presentan como buenos para el país.
En el mundo existe amplia evidencia de que el progreso no viene sólo de leyes. Hay países casi sin leyes, como Inglaterra, que tienen un progreso envidiable. Hay otros con miles de leyes, como el nuestro, donde el progreso no llega. Se sabe que el progreso depende de las actitudes de los ciudadanos y la calidad de sus dirigentes.
Lo más grave del caso es que, al analizar algunas de las reformas propuestas, lo que vemos es un regreso a la Constitución de 1987, desmontando las supuestas bondades de las reformas de 1995, 2000 y 2005 que, dicho sea de paso, fueron promovidas y aprobadas con enorme entusiasmo por estos mismos partidos y sus actuales dos dirigentes.
Cuando Ortega aprobó la redacción original de la Constitución Política siendo presidente en 1987, dejó establecida la reelección. Sin embardo, en 1995 el PLC de Alemán y el FSLN de Ortega votaron para que la reelección inmediata fuese suprimida de la Constitución. Ahora cambian de nuevo y afirman, tan sólo 12 años después, que la reelección es buena para la democracia.
La propuesta de Ortega es de un cinismo extremo. Instauró la reelección en la Constitución cuando estaba en el poder en 1987, después dijo que era mala, cuando estuvo fuera, y ahora que ha regresado al poder la pide de nuevo. ¿Existe alguna razón de peso para esta lamentable falta de consistencia política?
La reelección en un país de arraigada tradición democrática no es ni buena ni mala. Han habido buenos presidentes en un segundo período, y malos también. Pero la reelección en países de tradición dictatorial y caudillesca es muy peligrosa. En Nicaragua nos ha llevado a guerras civiles, intervenciones extranjeras, asesinatos políticos y graves retrocesos económicos.
Sacar de la pobreza a un país como Nicaragua, se sabe, tomará al menos 25 años de un liderazgo serio y firme. Se necesita consensuar los principales objetivos nacionales, como la educación primaria, las vías de comunicación y la energía renovable, la apertura comercial, la atracción de inversiones productivas, la defensa del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos, la libertad de expresión, el imperio de la ley y el orden público, entre otros. Y se necesita, al mismo tiempo, ponerse a trabajar por el país.
Pero no avanzamos en esa dirección porque todas las reformas constitucionales de los últimos años, y las distintas constituciones que la nación ha elaborado a lo largo de su historia, han sido hechas por dictadores y diputados que en cada caso han legislado en beneficio de ellos mismos, dejando a un lado los intereses nacionales.
Lo que hoy hacen Ortega y Alemán no se diferencia en nada de lo que hizo Somoza varias veces, y Zelaya más atrás. Triste regreso a lo mismo por lo que tanta gente murió por cambiar.
Por eso creo que la mejor reforma a la Constitución que podíamos impulsar los nicaragüenses sería una que establezca que “cualquier reforma constitucional que altere las atribuciones y prerrogativas del presidente y los diputados entrará en vigencia cinco años después de su fecha de aprobación”. Sólo así los responsables de redactar y aprobar reformas dejarán de hacerlas con sentido de oportunismo. Nadie les puede asegurar que estarán en esos mismos puestos cinco años después. Sólo así podrán analizar las ventajas y desventajas de cada reforma en función de los intereses nacionales, los únicos que los legisladores y presidentes deberían tener en mente al tocar las leyes.
Continuar permitiendo que el Presidente y los diputados puedan legislar en beneficio propio es como autorizar al gerente de un banco a darse préstamos a sí mismo, poner al gato a cuidar la leche, o al conejo a cuidar el lechugal.
Y por otra parte, perder el tiempo en estas vanidades personales, en lugar de entrarle de lleno a la crisis energética, a enfrentar las secuelas del Félix y las lluvias, a diseñar un plan de desarrollo agroindustrial, de atracción permanente del turismo y las inversiones, y de combate frontal a la pobreza, es no saber ser presidente en una democracia.
