El contralor Luis Ángel Montenegro se auxilia del reportaje de LA PRENSA y otros documentos para argumentar sobre el caso del diputado sandinista Leonidas Centeno. /LA PRENSA/M. LORIO
Centeno merece presunción penal, dice CGR
Eduardo Cruz Sánchez y Ludwin Loáisiga López
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Rechazo a caso Centeno en la Asamblea

El aparente abuso que el actual diputado suplente por el Frente Sandinista (FSLN), Leonidas Centeno, efectuó sobre un millón 700 mil córdobas que recibió en cinco años en concepto de “Fondo Social”, provocó el rechazo de sus colegas.
Los diputados dieron a conocer que la dirección administrativa del parlamento fortaleció en este 2007 los controles sobre el uso que cada legislador le da a los 440 mil córdobas que obtiene cada año para el Fondo Social. La diputada por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Mónica Baltodano, y José Pallais, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), afirmaron que el director administrativo Ramón Cabrales ordenó que a partir de este año cada donación debe ser llenada en un formulario. Las nuevas reglas impuestas establecen mayores controles sobre las donaciones que superan los cinco mil córdobas a una sola persona.

El presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR), el sandinista Luis Ángel Montenegro, aseguró que existen todas las evidencias para dictar presunción de responsabilidad penal en contra del diputado sandinista Leonidas Centeno, por una supuesta malversación de fondos del Estado.

A Centeno, quien ahora es diputado suplente pero en el período anterior era propietario, se le atribuyen supuestas irregularidades en la distribución de un millón 700 mil córdobas del Fondo Social que asigna la Asamblea Nacional, el que anualmente es de unos 440 mil córdobas.

El contralor Montenegro señaló que Centeno sería el primer investigado por mal uso del Fondo Social de la Asamblea Nacional.

“Yo confío que este sea el primer caso, ojalá los otros 91 diputados que hay en la Asamblea Nacional hagan un uso correcto de los recursos del Estado, porque los recursos del Estado no son para regalarlos a los amigos ni a los familiares, son para hacer proyectos y obras sociales”, dijo el contralor Montenegro.

Según la CGR, ya se conoce la pirámide de cómo Centeno supuestamente entregó el dinero del Fondo Social.

Ese dinero en su mayoría fue entregado a familiares y amigos, la mayor parte para su esposa Aura María Zeledón Gómez.

El dinero del Fondo Social de los diputados es para realizar obras en beneficio de la población, como becas, proyectos de agua potable, letrinas, carreteras y adoquinado.

“Lo que él (Centeno) hizo fue sacar un millón 700 mil córdobas a nombre de la esposa, los cuñados y los hermanos”.

Ese ciudadano se hace merecedor de una presunción penal, porque los recursos del Estado, dice el Código Penal, deben de utilizarse para lo que fueron destinados. Si se le daba un uso diferente para el que fueron creados se llama malversación de caudales públicos y se pena con entre dos y cinco años de cárcel y la inhabilitación del cargo”, sentenció el contralor Montenegro.

La CGR se reúne el próximo jueves para ordenar la auditoría al diputado Centeno.

EXIGEN INVESTIGACIÓN

Los diputados Mónica Baltodano, José Pallais, Eliseo Núñez Hernández y Agustín Jarquín exigieron ayer una investigación del caso Centeno.

En el caso de Baltodano, aceptó que el llamado Fondo Social no debería existir y que el millonario monto tendría que asignarse a una institución. Jarquín coincidió con Baltodano.

“Yo he sido de la opinión y lo he manifestado en la bancada, que estos recursos se pudieran también usar de buena manera, con un programa, con una entidad, o un programa de becas que tengan aquí, o que lo dé el Ministerio (de Educación)”, manifestó Jarquín.

Núñez Hernández calificó “a ojo de buen cubero” como un “abuso”, el uso que Centeno dio al Fondo Social en la pasada legislatura.

Pero Núñez Hernández agregó que los 440 mil córdobas que reciben en Nicaragua los diputados, no tienen comparación con el millón de dólares que se asignan los legisladores en Costa Rica.

“En Costa Rica es un millón de dólares, no cuatrocientos mil córdobas, y la verdad de las cosas es que nosotros somos políticos y hay cosas que no se han cubierto institucionalmente”, dijo Núñez Hernández.

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