La Policía de Pakistán sofocó violentamente ayer las manifestaciones contra el estado de excepción impuesto hace tres días por el presidente Pervez Musharraf, a quien Estados Unidos, su principal aliado, volvió a pedirle que restaure la democracia.
El Presidente estadounidense, George W. Bush, dijo este lunes que esperaba “que haya elecciones lo antes posible, y que el Presidente deje su cargo militar”.
Su secretaria de Estado, Condoleeza Rice, llamó a Musharraf para pedirle que reconsidere las medidas impuestas el sábado, dijo su portavoz, Sean McCormack.
Aunque la conversación, que se prolongó durante unos 20 minutos, estuvo presidida por el “buen tono”, Rice le pidió a su interlocutor que levante el estado de excepción y convoque elecciones generales antes del 15 de enero, tal y como estaba previsto.
Se trata del contacto al más alto nivel mantenido entre Washington e Islamabad desde el sábado.
También el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, instó a “las autoridades de Pakistán a liberar inmediatamente a las personas detenidas, a levantar las restricciones sobre los medios y a tomar las primeras medidas en vistas de un retorno a la democracia”.
AUMENTAN PROTESTAS
En Pakistán, los magistrados, los partidos de la oposición y la sociedad civil volvieron a protestar por el golpe de mano de Musharraf.
Unas 1,500 personas, en su mayoría abogados, magistrados, dirigentes y militantes de los partidos políticos, fueron detenidas o puestas bajo arresto domiciliario desde el sábado, según fuentes policiales.
El estado de excepción fue decretado el sábado por Musharraf, quien alegó un aumento de los atentados e injerencias del Poder Judicial en las prerrogativas gubernamentales para luchar contra los terroristas islámicos.
Sin embargo, tanto la oposición como la mayoría de los analistas y de los medios de comunicación paquistaníes están convencidos de que el general Musharraf, al frente de Pakistán desde que dio un golpe de Estado incruento hace ocho años, intenta mantenerse en el poder a toda costa.
En su camino le había surgido una amenaza: el Tribunal Supremo, que debía pronunciarse en estos días sobre la validez de su reelección triunfal el pasado 6 de octubre por sufragio indirecto.
Las redadas de las fuerzas de seguridad lanzadas desde el sábado tienen como blanco a los hombres de ley, magistrados o abogados, así como a los responsables de la oposición o a los militantes de los partidos políticos.
Entre las personas bajo arresto domiciliario figuran los magistrados que se negaron a prestar juramento a Musharraf tras la instauración del estado de excepción.
Ante las presiones de la calle y las de Estados Unidos, su principal benefactor financiero, Musharraf se comprometió a mantener las elecciones legislativas a mediados de enero, tal como estaba previsto, o alrededor de esa fecha.
Las elecciones por sufragio universal directo para designar el parlamento y las asambleas provinciales deben restablecer la democracia en esta potencia nuclear de 160 millones de habitantes, en su inmensa mayoría de confesión musulmana.
