Aprincipios de septiembre, las bombas reventaron. En el estado mexicano de Veracruz, en la costa del Golfo de México, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una organización guerrillera que opera intermitentemente desde 1996, hizo estallar varios ductos en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Un mes antes, el grupo subversivo, cuyas acciones recientes reclaman la desaparición de dos de sus miembros, ya había saboteado gasoductos de Pemex en el norte y centro del país. Los atentados en Veracruz causaron daños por más de US$9 millones, impulsando un desabastecimiento energético que afectó las operaciones de casi 1,000 empresas en el interior del país.
Si quería dañar al Gobierno, el ERP no podría haber elegido un mejor blanco para sus ataques. Cualquier atentado contra la petrolera estatal implica poner en riesgo entre el 35 y 40 por ciento de los ingresos públicos de la federación mexicana, justo en un momento en que la compañía poco puede hacer para defenderse, tal como lo reconocen sus propios ejecutivos.
ADMITE COMPLEJA SITUACIÓN
“La situación de Petróleos Mexicanos es crítica y amerita atención inmediata... Pemex no puede continuar así”, dijo a la prensa Jesús Reyes Heroles, director general de Pemex.
Y es que los explosivos no son los únicos golpes que recibe la petrolera mexicana. Cada año, Pemex debe aportar la mayor parte de sus ingresos al erario público mexicano, cifra que en 2006 llegó al 79 por ciento de sus ventas de US$ 100,000 millones, con el que financia el 40 por ciento de los ingresos presupuestales del gobierno federal.
Una tajada que mantiene a la sexta petrolera más grande del mundo en una pésima situación financiera, con pasivos que bordean los US$ 55,000 millones, los más altos de la industria petrolera.
A esta situación, habría que añadirle el peso de una organización sindical gigantesca (más de 123,000 miembros, que el año pasado representaron pasivos laborales por casi US$ 42,000 millones) y permanentemente acusada de improductiva y corrupta.
Un informe de la Agencia Internacional de Energía señala que cada trabajador de Pemex genera ventas por US$ 412,000, algo lejos de los US$ 706,000 que produce cada empleado de Petrobras, la petrolera semiestatal brasileña.
Y aunque en México analistas y funcionarios del Estado dicen entender la grave situación por la que atraviesa Pemex, la realidad es que la petrolera apenas consigue un poco de respiro.
En la recién aprobada reforma fiscal, que promovió el Gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, una de las prioridades —al menos así se dijo— era reducir la carga fiscal de Pemex. Al final, se planteó una reducción paulatina del llamado “derecho ordinario sobre hidrocarburos” —en otras palabras, el impuesto que la petrolera estatal paga al fisco mexicano—: del actual 79 por cieno pasará a 74 por ciento el próximo año; y bajando paulatinamente hasta ubicarse en 71.5 por ciento en 2012. Según cálculos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta medida, tan sólo en su primera fase, permitirá que la petrolera obtenga recursos por más de US$ 2,000 millones, los cuales se aplicarían en inversión y desarrollo tecnológico.
Pero la victoria es mínima. “Por lo menos no subió (el derecho ordinario sobre hidrocarburos) a 80 por ciento y en esos términos, pues ya es ganancia”, ironiza Roberto Sánchez de la Vara, catedrático e investigador del área de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. “El Gobierno no tiene con qué sustituir los recursos que recibe de Pemex; si le da un respiro a la petrolera, queda descubierto en otros frentes”, agrega.
DEMANDAN INVERSIONES
El problema es que, sin nuevos recursos, Pemex queda inhabilitada para invertir en investigación y desarrollo, actualización tecnológica o exploración y explotación de nuevos yacimientos, especialmente aquellos en aguas profundas del Golfo de México, donde se encuentran algunas de las reservas de petróleo más ricas del mundo. “Pero la tecnología de Pemex no da para llegar a las profundidades indicadas, entre 1,200 y 1,300 metros, distancias que ya alcanzan fácilmente otros proveedores”, dice Sánchez de la Vara.
Una situación que no permite a Pemex aprovechar la riqueza petrolera mexicana y el monopolio que mantiene sobre la explotación de los hidrocarburos a nivel nacional. De hecho, el factor de reemplazo de Pemex, uno de los principales indicadores de la industria, es muy bajo.
Según declaraciones de los propios funcionarios de Pemex, sólo se restituyen cuatro de cada 10 barriles de reservas probados que se extraen al año.
Un estudio de la británica British Petroleum señala que las reservas petroleras probadas de México alcanzan para nueve años y siete meses. Es una cifra alarmante si se le compara con las de otras naciones: las de Venezuela se estiman para 77 años; las de Brasil para 19; y las de Emiratos Árabes Unidos, para 90.
Para evitar la sequía de crudo, México tiene que voltear hacia el mar de su golfo y sus 30,000 millones de barriles estimados en reservas de crudo. Pero para eso requiere tecnología y dinero. La necesidad de capitalización ha revivido la vieja polémica de si es posible o no abrir las puertas a la inversión directa de capitales privados (nacionales o extranjeros) en el sector petrolero.
Hasta ahora, los inversionistas privados sólo pueden participar en actividades del sector de gas, ciertas tareas de petroquímica, mantenimiento y construcción de infraestructura, y algunas labores de exploración. Pero para que los privados exploren y exploten los yacimientos bajo el Golfo, incluso en sociedad con Pemex, se requiere un cambio en la ley que pocos se atreven a proclamar y arriesgar una acusación de antipatriota.
