El gobernante partido Frente Sandinista (FSLN) encontró, en la emergencia epidémica que enfrenta el país, una oportunidad para involucrar a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como si fuesen parte de la estructura del Estado.
La secretaria de Comunicación del Gobierno, Rosario Murillo, anunció que en este mes de noviembre se instalará el Gabinete Nacional de los CPC, pero desde hoy realizarán, en apoyo al Ministerio de Salud (Minsa), una jornada de limpieza en todo el país y una campaña de educación sobre la leptospirosis y el dengue, con el objetivo de prevenir brotes de epidemias de estas enfermedades.
También servirán de apoyo a la Policía Nacional en la prevención social del delito, y la jefa de esa institución, primera comisionada Aminta Granera, los tomará en cuenta cuando este próximo viernes 9 de noviembre se inicie la elaboración del plan que ejecutará la Policía el próximo año.
La Asamblea Nacional rechazó, en septiembre de este año, que los CPC formaran parte de la estructura gubernamental, al reformar el artículo 11 de la Ley 290 (conocida como Proyecto de Ley No. 630).
El presidente Daniel Ortega vetó la reforma a la Ley 290 y expuso en esa ocasión que el Gobierno que preside comparte parcialmente la reforma a la Ley 290, pero con lo que no está de acuerdo es con el numeral primero, que deroga la facultad del Ejecutivo de crear Consejos.
El Gabinete Nacional de los CPC se iba a instalar ese mes, pero la reforma retrasó el evento.
¿CUÁL ES LO MALO?
El dirigente sandinista Elías Chévez, coordinador de los CPC de Managua, señaló que no había nada de malo en que dichos Consejos trabajen de la mano con instituciones del Estado.
“¿Cuál es lo malo?”, respondió cuando LA PRENSA lo consultó sobre el hecho.
La primera comisionada Granera explicó que el tema de la seguridad ciudadana es responsabilidad de toda la ciudadanía, no sólo de la Policía.
“Yo casi lo consideraría un acto criminal rechazar la participación de cualquier persona, de cualquier credo político, de cualquier credo religioso, que quiera trabajar por la seguridad de todos nosotros”, dijo.
Granera habló de la posibilidad de relacionar los trabajos de la Policía con los CPC y la participación de la comunidad organizada, ya que las amenazas actuales contra la seguridad ciudadana son numerosas.
Destacó que Nicaragua es uno de los países más seguros de Centroamérica, ya que en el país la tasa promedio de homicidios es de 14 por cada 100,000 personas, que es similar a la de Panamá, y la más baja de la región.
Ortega, por su lado, abogó porque en las tareas de combatir la delincuencia se involucren todos los sectores de la sociedad, ya que esta labor no debe ser sólo de la Policía.
El presidente Ortega comentó que el trabajo de la Policía es arduo y por lo tanto necesita ayuda porque sólo cuenta con 10 mil uniformados, de los cuales el 30 por cientos son mujeres y el resto varones.
“Ellos velan para que no se cometan crímenes, que no se cometan violaciones”, dijo Ortega.
Igual comentó del Minsa, que cuenta con poco más de 23 mil trabajadores.
La Policía ya cuenta con la ayuda de los Comités de Prevención Social del Delito (CPSD), integrados desde hace 10 años por unos 15 mil ciudadanos.
Rosario Murillo relató que recientemente un miembro de los CPSD le dijo, con preocupación, que los CPC les quieren quitar el trabajo que realizan al ayudar a la Policía, pero ella le explicó que todos podían trabajar juntos.
El funcionamiento de estos CPC ha sido criticado por adversarios políticos de Ortega, por considerar que estos Consejos son una reedición de los Comités de Defensa Sandinista (CDS) que fueron durante los años ochenta “los ojos y los oídos de la revolución”.
En la actualidad ya existen indicios de conflictos entre los CPC y la ciudadanía que no simpatiza con el sandinismo.
En agosto de este año, organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas en los municipios Ciudad Darío y Sébaco y en la comunidad de Chagüitillo, manifestaron su preocupación por la función que ocupaban los CPC en cada municipio.
El temor surgió después de conocerse que miembros que conforman los CPC ordenaron la suspensión de algunos proyectos comunitarios con el argumento de que las únicas instituciones públicas autorizadas para ese fin son los Consejos.
La Coordinadora Civil denunció, a inicios de septiembre, que habían sido relegados por completo del Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes), luego que el diputado sandinista Gustavo Porras logró en una reunión de la junta directiva del organismo, que se integraran los cuestionados Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
Recientemente, tras el paso del huracán Félix, habitantes de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) revelaron que los CPC se encargaron de distribuir la ayuda y priorizaban a los damnificados de tendencia sandinista.
EL TRABAJO DE LOS CPC
Debido a la emergencia provocado por el brote de leptospirosis, que causó nueve muertos y más de tres mil afectados, los CPC de todos los departamentos trabajarán junto al Minsa en una jornada de limpieza y en una campaña de educación sobre las epidemias a la población.
A partir de hoy visitarán a la población, casa a casa, unos 80 mil brigadistas, para hablarle a la gente sobre los síntomas de la leptospirosis y del dengue, que amenaza con minar a la población.
También detectarán pacientes con síntomas de leptospirosis, eliminarán la basura, ayudarán a la población a que saque de las casas a los animales y los pongan en corrales y destruirán criaderos de mosquitos, dijo el viceministro de Salud, Guillermo González.
