Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, Iván Escobar Fornos y Sergio Cuarezma, los tres de tendencia liberal constitucionalista, y el sandinista Rafael Solís, podrían ser invalidados para conocer sobre cualquier recurso por inconstitucionalidad que esté relacionado con las reformas que pretenden aprobar el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista.
El especialista en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, advirtió ayer que la ciudadanía y los organismos de la sociedad civil podrían recusar a los tres magistrados, porque considera que no pueden ser “juez y parte” en el caso de las reformas.
Martínez, Fornos y Cuarezma, junto al magistrado electoral René Herrera, fueron los creadores de un documento que contiene propuestas de reformas a 43 artículos de la Constitución.
En la misma situación estaría el magistrado sandinista Rafael Solís, que fue quien elaboró la propuesta inicial del Frente Sandinista, sobre la que trabajaron los liberales.
“Existen muchos recursos, por ejemplo recusarlos en el momento en que vayan a conocer un recurso para que se haga uso de la figura de los conjueces”, señaló Álvarez.
El especialista reiteró que las reformas propuestas por el PLC pretenden crear una serie de figuras jurídicas que únicamente favorecen a un grupo de políticos de ambos partidos, entre ellos a Arnoldo Alemán, al presidente Daniel Ortega, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
PROTESTAS CÍVICAS CONTRA LAS REFORMAS
Agregó que la población nicaragüense puede pronunciarse al respecto por medio de manifestaciones cívicas en contra de las reformas constitucionales.
“Puede haber expresiones cívicas, ciudadanas, dentro del marco de la ley que obligue a los magistrados a abstenerse de realizar este tipo de actividades”, afirmó Álvarez.
Asimismo, Álvarez coincidió con la propuesta de un plebiscito que aprobaron 19 de los diputados del PLC como mecanismo de consulta a la población nicaragüense.
“También existe la posibilidad de un plebiscito, existe la posibilidad de un referendo posterior a las reformas, pero lo más importante es impedir que se perpetren estas reformas constitucionales”, reiteró Álvarez.
CONSULTAR A LA POBLACIÓN, DICE PALLAIS
El diputado del PLC, José Pallais, dijo ayer que la bancada de su partido mantiene la misma posición de que las reformas deben ser consultadas con la población y que no respaldarán ninguna propuesta mientras no cumplan con ese requisito.
Agregó que los temas que deben ser sometidos a consulta son la reelección del presidente Daniel Ortega, las magistraturas vitalicias y la diputación vitalicia de los ex presidentes.
“Pensamos que hay otros mecanismos que pueden garantizar la imparcialidad e independencia de los magistrados, sin llegar a las magistraturas vitalicias, y creemos también que se deben revisar las diputaciones vitalicias para los ex presidentes, no tienen sentido, porque si estamos reformando el régimen presidencial por uno semiparlamentario es porque el primero no ha respondido a la inquietud de los nicaragüense, entonces no hay que premiar a una institución”, explicó Pallais.
