CGR comprobó malversación de fondos de la comuna

De la lista de situaciones irregulares denunciadas contra el ex alcalde liberal de Masaya, Carlos Iván Hüeck, la Contraloría General de la República (CGR) sólo logró comprobar una.

Se trata de la supuesta malversación de fondos en la que se habría utilizado dinero destinado para el pago del Seguro Social de los trabajadores de la comuna para otros fines.

El jueves pasado, el Consejo Superior de la CGR aprobó una resolución en la que se impuso una presunción de responsabilidad penal contra el ex funcionario.

El contralor Lino Hernández Trigueros, vicepresidente de la CGR, informó que en la auditoría se comprobó el desvío de los fondos, lo que la legislación nacional tipifica como malversación de fondos.

Señaló que originalmente la denuncia contra Hüeck cubría una serie de situaciones supuestamente anómalas que habrían ocurrido entre enero del 2002 y enero del 2005.

La denuncia enumeraba el desvío de fondos destinados al pago de la cuota patronal y de los trabajadores. También mencionaba la sustracción de bienes por parte del ex alcalde, la entrega de un terreno propiedad de la Alcaldía en pago a una empresa para obtener acciones en esta, y la falta de pago de los servicios básicos de la comuna.

“(Únicamente) se comprobó que no se pagaron 365 mil córdobas de los fondos de las cuotas de los trabajadores del Seguro Social y fueron desviados para otros gastos. (El alcalde) les dio otro uso y eso está calificado como malversación”, citó el contralor.

“(No obstante) en la auditoría se comprobó que se le pagó a Enacal ”, apuntó.

Señaló que también se le achacaban al ex funcionario una serie de préstamos personales pendientes, pero tampoco se comprobó en la auditoría.

OTRA SANCIÓN PENAL

En el 2002 la CGR impuso la misma sanción (la máxima) por presuntos malos manejos de más de 1.2 millones de córdobas, pero Hüeck recurrió de amparo en contra de esta decisión.

En base a esta auditoría, los contralores aprobaron ampliar la credencial porque al parecer existían unos supuestos anticipos a una parte de los concejales hasta por un millón de córdobas.