En enero del 2007, en el contexto de la toma de poder del nuevo presidente del país, Daniel Ortega, se firmó un convenio de abastecimiento de petróleo entre Nicaragua y Venezuela, mediante el cual el Gobierno sudamericano se comprometió a otorgar petróleo y derivados, a precio de mercado, pero pagaderos en condiciones de créditos blandos. La Asamblea Nacional aprobó el acuerdo en el mes de marzo.
Pero el 29 de abril y en un cerrar y abrir de ojos, los dos presidentes firmaron un nuevo acuerdo, en el que cambiaron algunas de las reglas del convenio original, aunque en el mismo se definió claramente que los contrayentes son los dos gobiernos.
Igual que en el primer convenio, no se definió a través de qué empresa o institución se haría efectivo el acuerdo, y a partir de allí diferentes sectores han enfilado sus baterías para cuestionarlo.
Y es que el manejo que el Gobierno está dando al convenio petrolero con Venezuela ha desatado una serie de especulaciones e interpretaciones sobre el destino de los recursos que podrían resultar de estas transacciones, según indicaron diferentes sectores que han pedido transparencia total.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Francisco Aguirre, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, sostiene que en principio este segundo acuerdo es nulo, ya que no ha sido sometido a la aprobación del parlamento.
¿QUIÉN PAGARÁ LA DEUDA?
El primer punto es ¿quién pagará la deuda? Es decir es una deuda del Estado o la deuda de una empresa del Estado que no necesariamente será deuda pública.
El diputado Wálmaro Gutiérrez, vicepresidente de la bancada del Frente Sandinista, dice que este tema ha sido manipulado políticamente ya que las leyes de Administración Financiera y Régimen Presupuestario y la Ley General de Deuda Pública (Ley 477) son claras en ese sentido.
Según Gutiérrez, las transacciones que realizan las empresas del Estado no necesariamente se convierten en deuda pública. “Eso es desacertado”, agrega. Según afirma esas empresas “son instituciones de derecho mercantil con patrimonio propio y personería jurídica propia”.
Un argumento que es rebatido con las mismas leyes citadas por Gutiérrez, por quienes demandan mayor transparencia del Gobierno que no ha dado a conocer el alcance de los acuerdos.
“Con sólo saber leer uno puede darse cuenta que esto no debe ser ningún misterio”, indica el diputado de la bancada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, quien considera que en este sentido la ley es clara.
“Todo tipo de contratos, acuerdos a plazos... y no hay que ser abogado para saber que eso es deuda pública”, sostiene Sáenz.
Francisco Aguirre subraya que efectivamente la ley es clara en ese sentido: “Más claro no canta un gallo y en todo el cuerpo de los acuerdos se menciona que las partes son los dos gobiernos”.
Sin embargo, Wálmaro Gutiérrez insiste en que Petronic puede perfectamente asumir compromisos de deudas “a partir de sus propios activos y capacidades”.
Añade que la empresa está en capacidad de asumir cualquier compromiso como empresa con otra similar.
En este sentido apunta que no se ha generado deuda pública, ya que para ello el Gobierno tiene que comprometer un aval de respaldo a la deuda de la empresa, “y ese no es el caso”.
De esta forma reitera que la relación entre Petronic y Petróleos de Venezuela (PDVSA) es una relación de giro comercial.
ESTADO CORRESPONSABLE
Por su parte, el diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eliseo Núñez, cuestiona este planteamiento y recalca que el dueño de la empresa Petronic es el Estado y que será en última instancia quien deberá pagar.
Si una persona es dueña de la empresa se convierte en corresponsable de las deudas de la misma. De esta misma forma sucede con esta relación, si Petronic no tiene capacidad de pago, quien deberá pagar será el Estado.
“El dueño de la empresa es el Estado, es quien se responsabiliza de las pérdidas que se sucedan en el caso que esta empresa pueda ser disuelta”, advierte.
“Por lo tanto todos sus haberes pasan a manos del Estado, comprometiendo el Presupuesto de la República, por lo que tiene que ser sometido a la Asamblea Nacional”, indica el diputado.
El economista de la Coordinadora Civil, Adolfo Acevedo, aseguró que efectivamente este acuerdo implica endeudamiento público y por lo tanto tiene que ser sometido al control de la Asamblea Nacional, de acuerdo con la Ley de endeudamiento público.
“Petronic es una empresa estatal y por lo tanto debe ser regulada”, insiste.
El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Francisco Aguirre, va más allá pues manifiesta que este endeudamiento ya está bajo la lupa de los organismos internacionales, quienes siguen de cerca los acuerdos por la cantidad de recursos que están en juego.
MUCHO DINERO EN JUEGO
Según Aguirre Sacasa, el Gobierno podría obtener entre 20 y 25 millones de dólares este año, que serían utilizados libremente sin ningún tipo de control, lo cual despierta muchas suspicacias.
Precisamente ésta podría ser una de las preocupaciones de la comunidad internacional que, según afirma el diputado del PLC, ya está empezando a cuestionar sobre estos ingresos.
“Van a decir que están entrando 20-25 millones, y cuestionarán qué van a hacer con eso, lo cual incluso el año entrante podrían ser más todavía”, cuestiona.
Y es que diversos sectores consideran que el monto de dinero que podría quedarle al Gobierno como resultado de esta transacción sería considerable.
Para el diputado del MRS, podrían ser 300 millones de dólares, sin embargo el diputado de la ALN cree que el monto no superará los cien millones ya que la capacidad instalada para importar petróleo por parte de Petronic no da para mover unos 7 mil barriles diarios.
En tanto, el diputado del PLC, Francisco Aguirre, considera que el monto no será superior a los 25 millones de dólares, a partir de las operaciones que ha realizado Petronic y la posibilidad de aumentarlas.
El segundo acuerdo entre Nicaragua y Venezuela fue firmado por los presidentes Daniel Ortega y Hugo Chávez, el 28 de abril de este año, y en esta ocasión cambiaron los términos de los acuerdos. Se determinó que Venezuela proveerá el ciento por ciento de las necesidades de hidrocarburos de Nicaragua.
La forma de pago se modificó y se dijo que la deuda se pagaría cincuenta por ciento en efectivo. El otro cincuenta por ciento sería dividido en dos partes iguales. El veinticinco por ciento lo retendrá una empresa venezolana, no determinada en el acuerdo, que invertirá en Nicaragua. El restante 25 por ciento es lo que se pagará en términos blandos, explica Aguirre.
Sin embargo, hay una coincidencia en el sentido de desconfiar del uso de los recursos y la necesidad de incorporarlos al Presupuesto de la República.
Diversos sectores políticos cuestionan el secretismo con que se ha manejado este asunto, vinculándolo a la necesidad del FSLN de contar con financiamiento para las próximas elecciones municipales en el 2008.
“El uso de esos 25 millones no es discrecional y no pueden ser utilizados para cualquier cosa que le dé el presidente Daniel Ortega o a la gente del Gobierno Central”, comenta Aguirre Sacasa, quien considera que no es posible que el texto de los acuerdos lo hayan tenido que “bajar” de internet, de la página de Alba de Venezuela, sin que el Gobierno haya dado a conocer nada sobre los mismos.
Al mismo tiempo destaca que el presidente Ortega debe más bien apuntar por un manejo más transparente de estas transacciones.
No obstante el diputado Wálmaro Gutiérrez aclara que no hay que olvidar que como toda empresa, Petronic puede reinvertir sus excedentes o utilidades en diferentes proyectos de desarrollo, incluso una vez finalizado su ejercicio fiscal, parte de las mismas puede ser destinada para gasto social vía presupuesto.
Sin embargo destaca que “no hay que vender la leche sin comprar la vaca, en alusión a que se debe esperar que todo esté terminado para disponer de los recursos.
Explica que como toda empresa, Petronic debe hacer provisiones para hacer frente a la deuda futura, por lo que una parte de este dinero tiene que ser para esas provisiones para honrar en el futuro la deuda.
“Un mal negocio”, razona Aguirre, quien opina que el Estado puede invertir esos recursos para obtener beneficios inmediatos.
El diputado Eliseo Núñez manifiesta que si ese dinero, los cien millones de dólares que supuestamente generaría este negocio, en una cuenta con intereses del cuatro por ciento, sólo los intereses podrían pagar la deuda en los próximo 25 años.
CAPACIDAD DE PETRONIC
Otro de los cuestionamientos es la capacidad que tiene actualmente Petronic para adquirir una deuda de esta magnitud con Pdvsa.
“Es un cascarón” reitera Aguirre Sacasa, mientras Enrique Sáenz de la bancada del MRS sostiene que esta empresa no tiene capacidad para asumir esa deuda, cuestionando que no es posible que una empresa como Pdvsa, otorgue un financiamiento de ese tamaño, y con un plazo de 25 años a una empresa como Petronic.
“Esto no es más que una palanca financiera para el proyecto del gobierno”, puntualiza.
