EFE
BRASILIA . - Un millón de mujeres aborta de forma insegura y clandestina cada año en Brasil, reveló hoy un estudio de una organización no gubernamental, publicado en medio de la polémica entre el gobierno y el Episcopado por la legalización de esa práctica.
Según los datos de la Federación Internacional de Planificación Familiar (FIPF), cada día son atendidas más de 600 mujeres en los hospitales públicos brasileños, para tratarse de complicaciones derivadas de abortos clandestinos.
De acuerdo con este estudio, 2,07 de cada 100 brasileñas pasaron por un aborto el año pasado, a pesar de las prohibiciones. En la empobrecida región nordeste, esta cifra sube hasta el 2,73 por ciento anual.
En Brasil el aborto solo está tolerado, previa autorización judicial, en tres casos: violación, peligro de fallecimiento de la madre y concepción de fetos sin cerebro.
PROBLEMA SOCIOECONÓMICO
La directora de la FIPF, Carmen Barroso, explicó que el número elevado de abortos en Brasil responde a un problema socioeconómico, informó la Agencia Brasil (oficial).
“El nordeste es la región más pobre de Brasil, donde las mujeres tienen menos acceso a la información, menos acceso a los medios de evitar un embarazo y, por lo tanto, se ven desesperadas y recurren al aborto en mayor número”, apuntó.
Para Barroso, otro factor de preocupación es que las brasileñas son cada vez más precoces en la interrupción del embarazo.
Según el estudio, en 2005 fueron tratadas en hospitales públicos 2.781 niñas de 10 a 14 años por complicaciones posteriores a la realización de un aborto, una cifra que llegó a 46.504 tratamientos en la franja de 15 a 19 años.
La preocupación por la salud pública en relación al aborto ha enfrentado al gobierno brasileño y a miembros del Episcopado, quienes han intercambiado continuos exabruptos desde las semanas previas a la visita del Papa Benedicto XVI a Brasil, del 9 al 14 de mayo.
Los líderes de la Iglesia católica brasileña atacaron duramente al gobierno, a raíz de que el ministro de Salud, José Gomes Temporao, propuso la realización de un plebiscito para legalizar el aborto.
Los obispos también acusaron al gobierno de “fomentar la promiscuidad” con sus políticas de educación sexual, que incluyen el reparto masivo de preservativos en las escuelas y que fueron ampliadas el pasado lunes con la subvención del 90 por ciento del precio de las píldoras anticonceptivas.
La secretaria especial de Políticas para la Mujer, Nilcea Freire, consideró que estas medidas “pueden reducir el número de abortos clandestinos”.
