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Los ex trabajadores de las fincas bananeras esperan que el presidente Daniel Ortega los atienda. (LA PRENSA/ AP)
Afectados del Nemagón llegan a Managua
AP

Unos mil ex trabajadores de fincas bananeras afectados por el pesticida Nemagón llegaron hoy a la capital luego de una penosa marcha de más de cien kilómetros desde el oeste del país para demandar justicia.

Los ex trabajadores acompañados de familiares, esposas, hijos y abuelos, se instalaron frente a la Asamblea Nacional en el centro de la ciudad en busca de apoyo para una demanda que hicieron hace varios años para recibir indemnización por parte de las empresas Dole Food, Standard Fruit, Dow Chemical, Occidental Corporation y Shell Oil.

Según los demandantes, el uso del pesticida en los bananales de Chinandega, a unos 150 kilómetros al este de la capital, les causó enfermedades como el cáncer, infertilidad y malformaciones congénitas.

El dirigente de los ex trabajadores, Victorino Espinales, dijo que la marcha es para pedir apoyo al gobierno del presidente Daniel Ortega para sus demandas.

MOLESTOS CON ABOGADOS

Los ex trabajadores demandaron hace varios años a las empresas en los Estados Unidos, pero espinales dijo prácticamente perdieron los juicios porque los abogados nicaragüenses y estadounidenses que contrataron “nos mintieron y estafaron”.

“Nos dijeron que habíamos ganado un juicio por más de 2.000 millones de dólares y no hemos visto un centavo”, dijo.

Agregó que tampoco han prosperado las demandas hechas ante los tribunales nicaragüenses porque las Cortes de Apelaciones "han prolongado los casos y no sabemos hasta cuando”.

“En vista de esa situación estamos convencidos de que tendremos que llegar a un arreglo extrajudicial”, dijo. Agregó que están en conversaciones con Dole Food y Standard Fruit.

Espinales también se quejó del gobierno del presidente Enrique Bolaños (2002-2006) por no cumplir con una serie de promesas que les hizo.

Bolaños se comprometió a contratar abogados en los Estados Unidos para auxiliar a los demandantes y anunció que la Procuraduría de Derechos Humanos los apoyaría para denunciar el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

También les ofreció que serían bien atendidos por el sistema de salud del país

Los primeros intentos de arreglo extrajudicial se celebraron el año pasado cuando el vicepresidente de Dole, Michael Carter, anunció que “exploraba soluciones” para dar una respuesta justa.

Ni Carter ni Espinales informaron sobre los posibles montos de la indemnización.

En esa ocasión Espinales dijo que habían llegado “a posiciones de confianza mutua para comenzar una exploración abierta y franca para resolver el problema”.

En las pláticas estuvieron presentes la ministra de Salud, Margarita Gurdián y representantes de la Procuraduría General de Justicia.

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