Una serie de contradicciones surgieron ayer en el escándalo que involucra a connotados miembros del Frente Sandinista, entre ellos el ex jefe de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna; el cónsul de Nicaragua en Liberia, Gerardo Miranda; el contralor suplente Vicente Chávez; el esposo de la Alcaldesa de Tola, Emerson Zacarías Martínez, y el asistente de Cerna, Oscar Ruiz, quienes fueron señalados de extorsionar al empresario nicaragüense Armel González Muhs.
Ayer el cónsul de Nicaragua, ex alcalde de San Juan del Sur y ex diputado del FSLN, Gerardo Miranda; la Alcaldesa de Tola, Loida García y el representante legal de los cooperativistas, Humberto Corea, comparecieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar oficialmente por injurias y calumnias, soborno, extorsión, exposición de personas al peligro y falsificación de documentos, a González Muhs y al actual diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alejandro Bolaños Davis.
Según la denuncia presentada por Miranda, García y Corea, ellos supuestamente nunca aceptaron soborno de González Muhs, a pesar de que Miranda reconoció que el empresario le ofreció medio millón de dólares para que respaldara a los inversionistas.
Los argumentos presentados por Miranda a la fiscal adjunta Ana Julia Guido y a la fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, es que González Muhs lo intentó sobornar para que desalojara a los miembros de la Cooperativa Agrícola Pedro Joaquín Chamorro, aunque asegura que no aceptó el soborno.
“Son ellos los que han hecho propuestas raras, entre éstas una de 500 mil dólares. Quiero aclarar también que el señor Alejandro Bolaños y Armel González, en contubernio con Carlos Fernando Chamorro, me han invitado a cenar y almuerzo, donde yo les dije claramente que recurrieran a las leyes”, comentó Miranda. Cabe aclarar que Bolaños Davis es suegro de González Muhs.
Miranda no aclaró si la propuesta de los 500 mil dólares fue dinero en efectivo o un lote de propiedad, tal como lo expresó González Muhs en una entrevista televisada en el programa Esta Semana (de Carlos Fernando Chamorro), porque Miranda sostiene que se trató de simple propuesta.
“Son propuestas que salen así, pero en ningún momento (la aceptó), lo que hice fue remitirlo a las leyes de este país y que se investigara a fondo quién tiene la razón y quién no la tiene”, afirmó Miranda.
Cuando los periodistas insistieron si el soborno de medio millón de dólares había sido en efectivo o por un lote de tierra, Miranda respondió: “La propuesta ya la aclaré y no sigamos hablando de propuesta, sigamos con otra pregunta para terminar, ya te aclaré la pregunta”.
Sin embargo, Miranda implícitamente reconoció la participación del ex director de la extinta Seguridad del Estado, Lenín Cerna, en el escándalo de propiedad en el municipio de Tola.
“Medio me suena Lenín Cerna, pero Lenín Cerna por qué. Tengo entendido que Lenín Cerna es el encargado de un partido, el Frente Sandinista, hasta ahí, porque no tengo vinculación con este señor”, respondió a los periodistas.
NIEGA REUNIÓN CON INVERSIONISTAS
Miranda negó haberse reunido con los inversionistas Jocelyn Carnegie y Gail Geerling, “que se vaya a revisar, tal vez está viendo visión, porque yo no estaba ahí”, a pesar que en una denuncia presentada a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, Geerling y Carnegie señalan además de Miranda, a Cerna, Chávez y Ruiz.
Sin embargo, en una carta enviada al presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, los inversionistas responsabilizan a Cerna de presionar a la juez de Distrito Civil de Rivas, María Nela Paredes Arosteguí, para que fallara a favor de los tomatierra.
Pero Miranda responsabilizó al diputado Alejandro Bolaños Davis de usar sus influencias para inclinar el juicio a su favor. Miranda retó a Bolaños Davis a que se despoje de su inmunidad para que se enfrente en un juicio legal.
ALCALDESA NIEGA SEÑALAMIENTO A SU ESPOSO
La Alcaldesa de Tola, Loida García, negó que ella y su marido hayan participado en toma de tierras y en el soborno que supuestamente ofreció González Muhs. Al igual que Miranda, García exigió pruebas.
“El señor Armel González a través de diferentes medios ha puesto de manifiesto que mi esposo y yo somos tomatierra, somos corruptos, somos ladrones, y yo creo que a esto hay que ponerle punto final y por eso estamos dando a conocer, porque vamos a seguir ante las instancias correspondientes para que este caso se ventile, se dilucide y se hable con la verdad”, dijo García.
Agregó que González Muhs “pretende enriquecerse ilícitamente en el municipio de Tola (...) pero yo voy a llegar hasta el final para detener esta corrupción”.
García asegura tener pruebas que demuestran que González Muhs le envió un sobre sellado a la juez de Rivas con 2,500 dólares para fallara a favor del consorcio que representa.
Sin embargo, el Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, afirmó que las propuestas de mordidas y contramordidas que se han dado en torno a los problemas de las propiedades costeras, surgen de inconformidades de gente que vendió las mismas a precio de guate mojado hace algunos años y que ahora al ver los valores que han adquirido quieren recuperarlas.
En un recorrido efectuado por LA PRENSA en el municipio de Tola, los socios de la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro, en conflicto con el proyecto Arenas Tolas, aceptaron haber vendido a Armel González Muhs un remanente de tierra de cuarenta manzanas de extensión que quedó después que los afiliados se repartieron los terrenos que integraban esa cooperativa agrícola.
A pesar de que el representante legal de los cooperativistas, Humberto Corea, afirma que los socios fueron engañados por González Muhs.
El lugar en conflicto es parte de una colina que se encuentra a orillas del mar y colinda con la propiedad donde se desarrolla el proyecto turístico de Arenas Tola.
LA PRENSA comprobó que en la propiedad en litigio fueron suspendidas las construcciones de cabañas, calles, trabajos de electrificación, entre otras obras que contempla el proyecto turístico.
También se constató en ese lugar que los reclamantes ya empezaron a construir una cerca para dividir la propiedad en conflicto del área por donde se realiza el proyecto.
El fiscal general Julio Centeno Gómez aseguró que el Ministerio Público investigará el caso de las extorsiones presuntamente hechas por miembros del gobernante Frente Sandinista. A pesar que el diputado sandinista José Figueroa expresó que no tomarán eco de la denuncia en contra de Gerardo Miranda y Lenín Cerna Juárez, por el sonado caso de extorsión.
