El verdadero control social sobre el poder político, económico y/o militar debe ser el principal instrumento para evitar injusticias y hasta crímenes de quienes se escudan en la legitimidad que dan instituciones democráticamente establecidas en Nicaragua.
Los últimos acontecimientos en los que dos empresarios, entre ellos el español Manuel Ignacio Lacayo, han formulado en contra de Lenín Cerna Juárez, hombre de confianza del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, son indicios de que esta forma de actuar de la ciudadanía será una constante en contra de esos supuestos abusos de poder.
Cerna Juárez ha dejado una estela dolorosa y de malos recuerdos para muchos nicaragüenses cuando él estuvo al frente de la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), del régimen sandinista en la década de los ochenta, que gobernó Ortega.
La sombra de su fama de terror cuando tenía el poder de las armas en sus manos aún lo acompañan, no obstante, las cosas ahora son distintas en Nicaragua y el resto del mundo.
Pero más allá de la casuística, el problema es más serio porque dichas denuncias no hacen más que, por un lado, ratificar un doloroso pasado, del cual parece que no se han desprendido varios políticos del gobierno de turno, y por otro, la imagen internacional que se está dando en las últimas 24 horas es deplorable.
Da la impresión que este país ha retrocedido muchos años y que impera una legislación distorsionada en una selva de corruptos. Y además, se sigue agrietando la maltrecha imagen del Poder Judicial de Nicaragua, que constantemente es sacudida por escándalo de corrupción.
Otro efecto negativo que causará este tipo de situaciones, es que la comunidad internacional empiece a tomar medidas más drásticas con la ayuda que pueda proporcionar a los nicaragüenses a través del gobierno de turno.
Nuestro país no puede seguir secuestrado por matones al amparo de figuras como la del Presidente de la República, los diputados, magistrados o jueces. El problema es que si estas personalidades no cortan de raíz el asunto, los malvados seguirán actuando sin temor a la justicia.
Quienes tienen el poder deben estar claros que el control social aparece en todas las sociedades como un medio de fortalecimiento y supervivencia del grupo. Las normas menores y las leyes son las que conforman los grupos y es la implantación de una moral social por las influencias sociales y al mismo tiempo la crítica como autodefensa y su interpretación es el camino hacia el cambio social. Actúa sobre la desviación social (leyes) y anomia (normas).
Además, los gobernantes deben recordar que el control social es el derecho y deber que tiene todo ciudadano considerado individual o colectivamente para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad. El control social se puede entender también como una forma de autorregulación social.
Este derecho define el papel de la participación social en los asuntos públicos, consagrándolo como principio y deber en ejercicio por parte de los ciudadanos y como obligación por parte del Estado en garantizarlo.
