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Una apuesta por las PYME
Marcela Sánchez
La autora es columnista de The Washington Post

El mes entrante, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzará una iniciativa de préstamos destinada a las pequeñas empresas en América Latina. El objetivo, como lo explicó el presidente Bush antes de su visita a la región hace dos meses, es motivar a la banca estadounidense y latinoamericana para que provea préstamos a una clientela que normalmente no consideraría solvente.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina figura entre las peores regiones del mundo en materia de acceso a crédito formal por parte del sector privado, con un promedio del 28 por ciento del Producto Interno Bruto en los años noventa, comparado con un 84 por ciento en países desarrollados y un 72 por ciento en Asia. En encuestas hechas en América Latina esta deficiencia es mencionada constantemente como el factor que más impide el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Como en el mundo desarrollado, las PYME, junto con las micro empresas —que consisten normalmente en una o dos personas que trabajan en costura o venta de alimentos—, sobrepasan por mucho a las grandes compañías en generación de trabajo. De acuerdo con el Banco Mundial, generan más del 80 por ciento de los empleos en Argentina, Bolivia y Colombia. Ese porcentaje sería hoy incluso más alto si las PYME tuvieran tanta facilidad de crédito como la han tenido las microempresas en los últimos años. En Chile, por ejemplo, las PYME generan 11 empleos por cada 2 generados por microempresas.

En América Latina, sin embargo, los prestamistas creen que no vale la pena perder el tiempo ni correr el riesgos con las PYME interesadas en préstamos inferiores a los US$100,000. Sólo un 10 por ciento de las que han solicitado préstamos lo han recibido del sector financiero formal. Y mientras las microempresas vienen demostrando que pequeños prestamistas sí pagan, las PYME continúan luchando para conseguir préstamos en un entorno que solicita el tipo de garantías que sólo grandes empresas pueden proporcionar.

“El reto para las autoridades reguladoras (en América Latina) es encontrar prácticas de préstamo prudencialmente sólidas distintas a solicitar las garantías de préstamo tradicionales”, dijo en una entrevista esta semana una funcionaria del Departamento del Tesoro que viene trabajando en la nueva iniciativa. Algunas de esas alternativas podrían incluir préstamos con base en inventarios o facturas por cobrar.

Ajustar los requerimientos sería un buen comienzo. Pero las reglas y regulaciones que enfrentan las pequeñas empresas siguen siendo increíblemente engorrosas en general. Por esa razón nueve de cada diez empresarios en América Latina prefiere quedarse en el sector informal en vez de intentar cruzar un laberinto de requisitos costosos y lentos.

En los últimos años algunos gobiernos de la región han modernizado sus regulaciones para permitir que ahora sea mucho más fácil abrir un negocio. Dichas reformas son cruciales para mejorar el acceso al crédito, según Jacques Rogozinski, gerente general de la Corporación Interamericana de Inversiones del BID, que trabaja exclusivamente con PYME. A menos que los gobiernos ayuden a crear un “entorno favorable” en el que se le facilite a las compañías formalizar su existencia, la mayoría de las pequeñas empresas —y sus prácticas— seguirán por fuera del ámbito legal. Y en dicho estado, los bancos sencillamente continuarán “reacios a prestarles dinero”.

Para tener éxito, la iniciativa de Bush dependerá de dichas reformas. “Estamos tratando de reforzar los beneficios de ese tipo de mejoras reguladoras”, afirmó la funcionaria del Tesoro que pidió no ser identificada debido a que la iniciativa no ha sido lanzada.

La iniciativa incluye dos componentes principales: uno sigue el modelo creado por la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero, una agencia independiente del Gobierno estadounidense que ofrece fondos a la banca privada para compartir riesgos en préstamos; el otro usará fondos del BID para entrenar a los bancos en la evaluación de la solvencia de clientes que carecen de las garantías y el historial crediticio que usualmente se les exige a las grandes empresas. “Si los bancos están dispuestos a prestar dinero al sector empresarial pequeño, nos comprometemos a compartir los riesgos y a hacerlo en una forma rentable”, afirmó la funcionaria del Tesoro.

La esperanza es conseguir que entre 15 y 20 bancos participen y una vez la iniciativa demuestre tener éxito, a ellos se agreguen otros bancos, dijo Don Terry, gerente del Fondo Multilateral de Inversiones del BID que proveerá los recursos para el entrenamiento. “Una gran oportunidad de crecimiento económico en América Latina… se perderá”, anotó, “si no descubrimos como hacer que esto tenga éxito”.

Algunos críticos no creen que la cultura de préstamos y regulaciones cambiará suficientemente como para permitir que las PYME prosperen. Apuntan a instituciones del Estado —en vez de a bancos comerciales— como la mejor esperanza para financiar pequeñas empresas.

La nueva iniciativa de Bush reconoce la necesidad de algunos fondos públicos para ayudar a “catalizar una gran cantidad de dineros privados”, anotó la funcionaria del Tesoro. Pero funcionarios de la administración están apostando a que incluso esos fondos —ya de por sí escasos en los países latinoamericanos más pequeños— se hagan innecesarios una vez los bancos descubran que vale la pena invertir en las PYME.

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