Las pandillas juveniles conocidas como “maras” operan en los siete países centroamericanos con un total de 70,000 miembros, pero no son la fuente más crítica del alto índice de violencia y criminalidad que afecta a la región, según un informe de las Naciones Unidas difundido el lunes.

Junto a las pandillas están la geografía, el subdesarrollo, tráfico de drogas, historia de violencia de los estados y la corrupción pública que contribuyen a debilitar el capital humano y social, afectar negativamente el clima de negocios y socavar la democracia, según el informe “Crimen y Desarrollo en Centroamérica”.

Antonio María Costa, director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, dijo en la presentación del estudio que en Centroamérica “hay países pobres atrapados en una encrucijada, con una enorme población de jóvenes y altos índices de desempleo y desigualdad en los ingresos”.

El informe, presentado en la sede de la Organización de los Estados Americanos, es el primero de su tipo que elabora las Naciones Unidas sobre Centroamérica y el trabajo de investigación demandó más de un año.

José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, dijo que el informe debería llamarse más bien “crimen y pobreza” por la relación directa entre ambos fenómenos sociales e hizo notar que el tema no era nuevo para la OEA.

Insulza agregó que los más afectados por el problema de las pandillas son Honduras (con 36,000 miembros), Guatemala (14,000) y El Salvador (10,500). Le siguen Nicaragua (4,500), Costa Rica (2,660), Panamá (1,385) y Belice (100), para un total de 69,145 pandilleros en la región.