Sugieren revisar legislación La Dirección de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos tiene aproximadamente un año de conocer algunos casos de adopción ilegal, advirtió su director Jorge Mendoza. Urgen adecuar la Ley de Adopción nicaragüense de 1981, pues aún no contempla los mecanismos de coordinación interinstitucional e internacional para aplicar las adopciones internacionales . Aunque en la administración anterior en el sitio web de Mifamilia aparecían unos requisitos para adopciones internacionales. Hay un equipo trabajando en una propuesta que ya está en la Asamblea Nacional para dar curso al proceso de reformas a la Ley de Adopción, dijo Mendoza. Anunció que en el mes de julio impulsarán una investigación en casi 200 centros de protección en el país. En Nicaragua hay cerca de cuatro mil niños que se encuentran en una situación de internamiento en diferentes centros de protección. “Necesitamos conocer cuál es la situación de derechos humanos que viven”, dijo Mendoza.

Ex funcionarios del Ministerio de la Familia, abogados y jueces participaron a cambio de dinero, en las adopciones de 24 niños donde no se cumplieron los procedimientos establecidos.

Lo anterior lo confirma una auditoría practicada en centros de protección especial controlados por el Ministerio de la Familia (Mifamilia), que dieron a conocer ayer en conferencia de prensa, autoridades de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH).

La Procuradora Especial de la Niñez, Norma Moreno, confirmó que de las adopciones de 24 niños que fueron revisadas, siete de ellos fueron entregados a un matrimonio estadounidense, lo que hace sospechar a las autoridades, que las mismas fueron con fines ilícitos.

Los niños proceden de los centros de protección especial Divino Niño, de donde fueron dados en adopción 16 niños, los otros dos corresponden a Esperanza Para los Niños y Tierra de Judá, todos en Managua. La mayoría de niños fueron entregados a estadounidenses y canadienses.

AL GUSTO DEL CLIENTE

Según Moreno, en Mifamilia les presentaban a los posibles adoptantes un álbum con las fotografías de los niños, lo que es violatorio a la ley. La auditoría únicamente abarcó el período comprendido entre el 2005 y 2006 a cargo de las ex titulares Ivania Toruño y Ligia Terán.

El director de Protección Especial, Pedro Siero y la ex director del Divino Niño, son los dos casos mencionados con mayor responsabilidad aparente.

“Para todas las personas que trabajamos por los derechos de la niñez y la adolescencia, es escalofriante la situación que ocurrió en 2005 y en el 2006”, expresó Moreno.

AHORA, NADIE FUE

En la edición del domingo, ambos funcionarios negaron estas responsabilidades. La ex directora del Centro Divino Niño, Ángela Álvarez, declaró a LA PRENSA que quien tenía relación con los futuros padres era Siero, pero éste negó haber recibido dinero por esas gestiones.

Moreno dijo que hubo tres casos en los que el Consejo Nacional de Adopción determinó que el matrimonio solicitante no llenaba los requisitos. Pero días después, Siero, director, ordenó la entrega de los niños.