La Embajada de Venezuela en Managua, emitió ayer un comunicado en el que anuncia que el próximo domingo, se llevará a cabo una concentración “en apoyo a la decisión soberana del Estado venezolano, de no renovar la concesión del espectro radioeléctrico a la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV), la que se vence precisamente ese día.
El comunicado insta a los medios nacionales a que la difusión de su contenido se haga de manera objetiva y reitera que la decisión “soberana” de Chávez está tipificada en la Constitución venezolana y en la ley Orgánica de Telecomunicaciones.
El anuncio del cierre de RCTV, fue hecho por Chávez en diciembre del año pasado: “No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión (...), así que vayan preparándose, apagando los equipos”, dijo el mandatario venezolano en esa ocasión.
ALERTA EN NICARAGUA
El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa(SIP), Julio Muñoz, quien se encuentra en Nicaragua, dijo que el llamado de Venezuela en Managua “es un disfraz muy bien hecho por la embajada” y calificó la concentración como “proselitismo puro” porque tratan de engañar a las masas.
Por su parte Cristiana Chamorro, de la Fundación Violeta Barrios, afirmó que negarle la concesión del espacio radioeléctrico al canal venezolano es un retroceso de 30 años en América y un verdadero atentado contra la libertad de prensa y contra el derecho de los ciudadanos a estar informados.
LIBERTAD DE PRENSA NO ES MERCANCÍA
“Es un grave atentado a la libertad de prensa en este país y bajo esta lógica la libertad de expresión y de prensa se convierten en una mercancía “subastable” (...) la concesión de las frecuencias aparecen como un instrumento de control, coacción y censura para medios periodísticos”, alertó ayer la periodista Sofía Montenegro, representante del Centro de Investigaciones para la Comunicación.
La jefa de bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), María Eugenia Sequeira, reiteró ayer una solicitud de respaldo a una iniciativa que introdujeron para prorrogar automáticamente por diez años las licencias de transmisión a los medios audiovisuales, para evitar que el Gobierno tenga un arma en contra de la libertad de prensa.