Representantes de las 16 comunidades que conforman el territorio indígena mayangna Sauni As, en Bonanza, Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), podrían acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si el presidente Daniel Ortega insiste en sus pretensiones de anular el título de propiedad que el Gobierno de Enrique Bolaños otorgó para ese territorio indígena.
“El título lo vamos a defender con lo que tengamos. Las tierras son nuestras, las heredamos de nuestros ancestros”, dice en su lengua natal el síndico Coleman Rufus, miembro del Consejo de Ancianos de Panyawas.
“No queremos que se repita la experiencia de los 80”, agrega.
El título que otorgó Bolaños concede 1,638 kilómetros cuadrados de la región de Bonanza, a las comunidades de Musawas, Panyawas, Tuybangkana, Kibusna, Pisbawas, Alal, Wilu, Kauhmakwas, Wingpulus, sabawas, Bilwas, Betlehem, Nazareth, Pdriwas, Suniwas y Sakalwa, que conforman el territorio indígena mayangna Sauni As.
Pero el mismo quedó inscrito a nombre del Estado de Nicaragua, y Ortega ha dicho que haberlo inscrito a nombre del Estado desnaturaliza la autonomía de las regiones autónomas.
Ahora, Ortega ordenó al Procurador General de la República, Hernán Estrada, que comparezca ante la Notaría del Estado, para suscribir una escritura pública de revocación de la escritura que entregó Bolaños a los mayangnas de Sauni As y que está inscrito en el Registro Público de Puerto Cabezas.
Esa orden está contenida en el Acuerdo Presidencial 189-2007 publicado en La Gaceta número 67, del 11 de abril del presente año.
LA PRENSA intentó obtener una versión de Estrada, pero éste respondió, a través de la oficina de Relaciones Públicas de la Procuraduría, que daría una entrevista sobre el tema, hasta hoy.
“Nosotros estamos sumamente preocupados por esta situación y más nos preocupa que se han otorgado títulos supletorios, pero a través de una autoridad territorial que fue cambiada por el Consejo Regional Autónomo de Atlántico Norte, pues pasaron el tiempo de gobierno de tres años de la anterior autoridad a un año de una nueva autoridad que ellos nombraron”, explica Devis.
José Silvio Palacio Roberth, presidente de la anterior autoridad territorial, explica que su período terminaba en 2009, pero le fue cercenado de manera ilegal.
