El director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Javier Meléndez, advirtió ayer que la Ley de Acceso a la Información Pública “abrió una ventana de no transparencia hacia la compra de equipo militar, lo que podría traer serias consecuencias para el país en un contexto donde cada día escuchamos más que un país se está armando más en relación con el otro”.
“Sabemos que hay discusiones sobre renovación de equipo militar y esto se puede dar sin que nadie en este país tenga derecho a saber qué tipo de equipo se está adquiriendo, en qué cantidades y qué significaría para el endeudamiento público del país”, advirtió el directivo del IEEPP.
Meléndez afirmó que los diputados “se pusieron el cuchillo en la garganta” porque en lo sucesivo las adquisiciones del Ejército quedarán a discreción de la institución militar, la cual decidirá dar a conocer o no “a quién le está comprando, cómo está comprando o qué tipo de intercambio está haciendo de tipo militar”.
El artículo 15 de la Ley de Acceso, aprobada la semana pasada, en su inciso cuatro establece como información pública reservada la adquisición y destrucción de armamento, equipos, municiones y repuestos del inventario del Ejército de Nicaragua, sin perjuicio de lo establecido en las leyes y disposiciones de la materia.
El directivo del IEEPP aseguró que la adquisición de equipo militar no está regulada en ninguna ley en Nicaragua y al ponerlo en la Ley de Acceso a la Información tiene un contrasentido, “sin la ley eso antes se podía saber, porque lo que la ley no prohíbe se puede hacer, ahora al prohibirse eso, nadie va a tener conocimiento” aseveró.
Meléndez señaló que la única ley que regula la adquisición de armas es la Ley 510, pero dicha ley sólo norma armas ligeras y portátiles.
“Desafortunadamente esto podría tener consecuencias bastantes complejas para el país de mediano y largo plazo, porque hay una tendencia en Centroamérica a una leve remilitarización”, aseguró Meléndez.
El representante del IEEPP reiteró que el Ejército, al igual que toda institución estatal que se sostiene con el Presupuesto de la República, debe aclarar sobre la adquisición de armamento y rendir cuentas a la ciudadanía de cómo invierte sus recursos económicos.
El Grupo Promotor, de la Ley de Acceso a la Información Pública, días atrás había expresado su preocupación entorno al mismo tema.
“EJÉRCITO SE APEGARÁ A LAS LEYES”
Por su parte el vocero del Ejército Nacional, coronel Adolfo Zepeda, reaccionó a las declaraciones del directivo del IEEPP, diciendo que la institución militar es respetuosa del marco jurídico establecido como base fundamental del accionar del Ejército.
“En ese artículo (15 de la Ley de Acceso), se establece lo que puede ser información reservada, sin embargo, debe estar sometida a las leyes vigentes”, aclaró Zepeda.
El vocero militar explicó que, “si nosotros estamos haciendo alguna compra o promoviendo algunas actividades que tengan que ver con adquisiciones y se establece que este dinero es parte del presupuesto y que debe pasar por la Asamblea Nacional y ser conocida por la Contraloría General de la República, nosotros no vamos a violentar ni un solo paso que establezca la ley”.
Zepeda recalcó que si una adquisición del Ejército se hace con dinero del presupuesto de la nación, la misma es una información sometida al dominio público.
El portavoz militar negó además que se esté discutiendo la renovación de equipo militar en las Fuerzas Armadas.
“No hay ningún proceso de remilitarización como se le ha querido llamar, lo que nosotros hemos dicho es que tenemos algunas necesidades porque estamos enfrentando una lucha contra el narcotráfico, una lucha a favor de la protección de los bosques y contra la pesca ilegal y la piratería en nuestras aguas territoriales”, aclaró el vocero de la institución castrense.
Zepeda agregó que el Ejército tiene algunas debilidades en esos campos y “para fortalecer esas luchas hay que adquirir algunos equipos”.
En días pasados el presidente Daniel Ortega anunció la intención de adquirir helicópteros para cuidar los recursos naturales del país.