La administración del dinero público está mal, las cuentas no cuadran. Aparecen egresos sin soportes y operaciones financieras fuera del control gubernamental, indica una auditoría financiera de ejecución del presupuesto del 2005, realizada por la Contraloría General de la República (CGR).
Según el comentario de los auditores de la CGR, de las 19 entidades auditadas, 15 presentan una ejecución presupuestaria razonable al 31 de diciembre del 2005, pero en cuatro faltan documentos de soporte.
Esas cuatros entidades, calificada con “salvedad”, son: la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
“Hay muchas inconsistencias, muchas fallas, falta de control en todas las instituciones del Estado, pero en esas cuatro por el nivel de falta de control vamos a realizar auditorías especiales”, dijo el vicepresidente de la Contraloría, Lino Hernández.
El contralor afirmó que esa auditoría es una exigencia de los organismos donantes que en el 2005, cuando el Presupuesto General de la República rebasó los 13 mil millones de córdobas, dieron aportes por más de cinco mil millones.
DGI SIN SOPORTES
Según la auditoría de la CGR, en la DGI hubo devoluciones de impuestos a los contribuyentes y Certificados de Crédito Tributario por el orden de 315.47 millones de córdobas, de las que no proporcionó documentación de respaldo, por lo que los auditores recomiendan hacer una auditoría especial.
“La DGI no proporcionó documentación que justifique las devoluciones de impuestos, ni su conformación. Tampoco entregó información sobre los Certificados de Crédito Tributario, beneficiarios y montos acreditados”, precisa el informe.
Arteaga: que auditen
El director de Ingresos de la administración de Enrique Bolaños, Róger Arteaga, dijo a LA PRENSA que “todo se hizo conforme lo que dicen las leyes y que si de algo no hay soporte, que se haga la auditoría correspondiente”.
“Lo más seguro es que en eso debe haber una equivocación. Todas estas devoluciones tienen sus soportes”, agregó.
Arteaga reveló que el ex presidente Bolaños autorizó entregar a los empresarios el 50 por ciento de las devoluciones que solicitaban, porque éstos reclamaron al Gobierno por congelar el dinero en la DGI y dejarlos con poco capital de trabajo.
“Al no haber registros transparentes de estas devoluciones de impuestos, el Estado de Nicaragua podría verse afectado en su patrimonio”, precisa el informe de la CGR.
En la DGI, según la CGR, también hubo una sobreejecución presupuestaria de 2.2 millones de córdobas; y detectaron un registro inadecuado de cuentas por cobrar al Ministerio de Hacienda, hasta por 220.8 millones de córdobas.
El informe indica que la DGI le debe a la Administración de Rentas Sajonia 11.3 millones de córdobas en concepto de retención de impuestos a salarios.
Premio a dos diputados
El informe señala que la Asamblea Nacional pagó en el 2005 a dos diputados suplentes, a pesar de que ejercían cargos de dirección en el Gobierno. Ellos son Martha Julia Lugo y Néstor Delgadillo.
“Se registraron pagos a Martha Julia Lugo como diputada suplente, desempeñándose ella en el año 2005 como directora de Telcor y pago también al señor Néstor Delgadillo Paguaga, quien se desempeñaba como director del INEC”, precisa el informe.
El artículo seis de la Ley de Probidad prohíbe tener más de un empleo remunerado en el Estado, en empresas o instituciones en las que tenga parte el Estado, salvo en el caso de la docencia y la medicina.
En la Asamblea Nacional se detectó un préstamo de 135,959 córdobas a René Rivera Herrera, sin que los auditores hayan encontrado evidencias de que fue cancelado.
El Poder Legislativo también pagó más de tres millones de córdobas a Bancentro, por “cancelación de préstamo que se hiciera en el 2004, para el pago del complemento de las asignaciones económicas y acreditaciones de los diputados suplentes y compromisos adquiridos por esta institución”.
extras DE LA Corte
El informe revela que los ingresos captados en el 2005 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de 9.8 millones de córdobas, no fueron incorporados en el Presupuesto General de Ingresos de esa institución, ni depositados en la Cuenta Única de Recaudación (CUR), de la Tesorería General de la República.
“La oficina de presupuesto de la CSJ no ejerce control, ni refleja en los informes de ejecución presupuestaria, elaborados en el año 2005, las operaciones de ingresos provenientes de Préstamos y Donaciones externas, que reporta el Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y Auditoría (SIGFA). Ese monto asciende a 42.2 millones de córdobas”, indica.
MTI sin soportes
“Durante el transcurso de nuestra auditoría en el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), encontramos Comprobantes Únicos Contables (CUC) que no presentan documentación soporte que evidencie los desembolsos realizados para el proyecto denominado Programa de Transporte Departamento de Estelí, hasta por la suma de C$18,345,560.23”, indica el informe de la CGR.
Agrega que en el MTI el proyecto denominado Estudio de Factibilidad y Diseño para la Pavimentación de Carretera Nueva Guinea-Buefields, presenta un registro de C$5,265,274.14, que carece de documentación soporte que evidencie su transacción.
